Organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación ante la posibilidad de que la oficina de la Corte Penal Internacional -CPI- en Caracas tenga un presupuesto y personal reducido, como ha ocurrido con otras instancias locales en el pasado.
Advirtieron que eso podría generar riesgos y pidieron que se hagan todos los esfuerzos para asegurar que trabajará de forma oportuna, segura, efectiva e independiente.
«Confiamos en el valor de la presencia local de la CPI a través de una oficina descentralizada. Para ello, hacemos un llamado a que la misma esté dotada del presupuesto necesario para poder tener un impacto real y significativo. Asimismo, esperamos que dicha oficina esté debidamente representada por un personal de alto nivel, con la experticia y el conocimiento de la situación sobre el terreno», manifestaron.
Respaldaron, en un comunicado conjunto, los anuncios sobre la cooperación para asegurar, además de la instalación de la oficina, la entrada al país y la libre circulación del personal de la Corte Penal Internacional.
Las organizaciones valoraron de manera positiva la intención de estrechar lazos con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero expresaron su interés en que también establezca una relación de trabajo con otros actores clave, como la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que ha documentado los presuntos crímenes cometidos por el gobierno de Venezuela, así como la situación actual del Poder Judicial en el país.
Interacción con las víctimas y familiares
Enfatizaron que la interacción de la Fiscalía de la CPI con la sociedad civil venezolana, pero sobre todo con las víctimas, los sobrevivientes, sus familiares y sus representantes, es un asunto de enorme relevancia.
Coincidieron, sin embargo, en la preocupación por los pocos espacios de interacción por parte de la gestión del fiscal Karim Khan en sus dos visitas a Venezuela.
«Hacemos un llamado a que la oficina de la fiscalía pueda generar espacios seguros y transparentes de diálogo con las víctimas y la sociedad civil en Venezuela, con las debidas garantías ofrecidas por parte del gobierno de que no se ejercerán represalias en contra de quienes se acerquen y cooperen. Asimismo, reiteramos nuestro firme interés de continuar un diálogo fluido en todos los espacios de interacción posibles, incluyendo en La Haya», afirmaron.
El comunicado, que se puede leer de forma íntegra aquí, contó con el respaldo de Amnistía Internacional, Acceso a la Justicia, el Centro de Justicia y Paz, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Cofavic y Provea, entre otras.