Varias ONG, activistas por los derechos humanos y políticos opositores de Venezuela exigieron este martes, con motivo de la apertura del 78 período de sesiones de la ONU, el cierre de los «centros de tortura» que -aseguran- hay en el país caribeño.
El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo a EFE que se trata de una «campaña de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para llamar la atención de que en Venezuela se sigue practicando la tortura como crimen de lesa humanidad».
El activista señaló como el caso más reciente el del estudiante universitario John Álvarez, detenido a finales de agosto y acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir, quien, según Provea, fue «golpeado con un bate» y sufrió «descargas eléctricas» en «rodillas, costillas, testículos» por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Alvarado aseguró que hay «centros formales de tortura» pertenecientes a «la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)», además de «buena parte de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas» y «algunas sedes» de la PNB, así como «centros clandestinos».
Además de Provea, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acceso a la Justicia, Espacio Público y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) publicaron mensajes e imágenes en la red social X (antes Twitter) para pedir el cierre de los «centros de tortura» y la libertad de «los presos políticos».
A estas exigencias se sumaron los políticos opositores María Corina Machado, Freddy Superlano y Delsa Solórzano, candidatos a las primarias que el antichavismo celebrará el próximo 22 de octubre, de cara a las presidenciales, previstas para 2024.
ONG, familiares y militantes de partidos políticos protestaron este martes en una plaza de Caracas también para exigir el cierre de estos centros y la liberación de las personas detenidas por «motivos políticos».
Un grupo de venezolanos reclamaron este martes en Times Square, en el centro de Nueva York, que la comunidad internacional reunida en la Asamblea General de la ONU exija al presidente Nicolás Maduro cerrar los «centros de tortura» y liberar a unos 300 presos políticos.