Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas exigieron el martes que se investigue y castigue como establece la ley venezolana a los sacerdotes de la Iglesia Católica y otras religiones responsables de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.
En un comunicado, las organizaciones rechazaron los abusos documentados en un trabajo publicado por el diario The Washington Post, donde se reveló que sacerdotes venezolanos condenados por abuso infantil han vuelto a ejercer en el ministerio.
«No podemos hablar de justicia si los agresores son encontrados culpables pero puestos en libertad, debido a nexos de poder entre autoridades de la Iglesia Católica y organismos de Justicia del Estado venezolano, negando así a niños, niñas y adolescentes y sus familias el acceso a la justicia», indicó la misiva firmada por más de 60 ONG.
Recordaron que en la legislación venezolana no se admite beneficios para quienes cometen este tipo de actos, que acarrean daños psicológicos y físicos en las personas sobrevivientes y en sus familias.
Indicaron que «la desconfianza en el sistema de justicia, los abusos de poder y la corrupción marcan un punto importante para que las víctimas no den el paso de denunciar».
«Exhortamos a que el Estado venezolano cumpla con la protección de los niños, niñas y adolescentes en la atención de los casos de abuso hacia ellos/ellas, mediante procedimientos expeditos y efectivos, independientemente de quien sea el agresor, garantizando justicia y reparación. Las víctimas necesitan confiar en las instituciones y saber que sus victimarios serán sancionados», agregó el texto.
También instaron «a la Conferencia Episcopal Venezolana a pronunciarse, investigar y sancionar a los responsables de los casos de pederastia señalados en el artículo del Washington Post, fijando posición con respeto a las víctimas que se encuentran afectadas psicológicamente y en situación de vulnerabilidad extrema».
«Quienes suscribimos haremos seguimiento a los avances de los casos y el comportamiento de posibles hechos que se puedan registrar en todas las instituciones religiosas, poniendo las necesidades de las y los sobrevivientes en primer lugar. Sin justicia no hay reparación, sin reparación no hay reconciliación, sin reconciliación no hay paz», concluyó el comunicado.
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