Varias ONG venezolanas indicaron este viernes que entre 2015 y 202 se registraron al menos 102 ataques contra campesinos defensores del derecho a la tierra. Detallaron que estos han sido “víctimas de la violencia y la represión”.
La investigación es el resultado de un estudio conjunto hecho por el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), Provea y Surgentes.
En su informe señalaron la detención arbitraria de 38 campesinos. Asimismo, indicaron que 15 fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 14 de asesinatos selectivos, 13 de malos tratos, 13 de amenazas, 3 de desapariciones forzadas, 3 de secuestros. Otros resultaron heridos por armas de fuego y uno fue víctima de un intento de asesinato.
“Las personas campesinas que defienden el derecho a la tierra son víctimas de la violencia, tanto de la ejercida por el sicariato al servicio de terratenientes y por los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Estos actúan en los estados rurales de Venezuela”, sostuvieron en un informe.
El documento especifica que, de los 29 defensores o líderes asesinados, 15 “fueron ejecutados extrajudicialmente por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y 14 asesinados por sicarios al servicio de terratenientes”.
Desalojos e intentos de desalojos
Otros tipos de ataques a los que las ONG hicieron referencia fue a los desalojos e intentos de desalojos de los que los campesinos son víctimas.
Según apuntan, estos actos los efectúan «grupos de particulares armados al servicio de familias o empresas terratenientes o por cuerpos de seguridad del Estado con participación o no de otros agentes estatales».
Al respecto documentaron «22 desalojos y 12 intentos de desalojo llevados a cabo con alguna participación de los cuerpos de seguridad y otros agentes del Estado» entre 2015 y 2020. De ellos, 16 se realizaron en el estado Barinas (oeste).
Exhortó al gobierno de Maduro
Con base a estos resultados, las ONG exhortaron al gobierno de Nicolás Maduro a que «garantice las condiciones de seguridad para que los campesinos y productores puedan desarrollar su actividad agrícola, sin que grupos delictivos, paramilitares y organismos de seguridad, actuando al margen del Estado de derecho, vulneren el libre desarrollo de las fuerzas productivas del campo».