Tras la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se le permita replicar los testimonios de víctimas que apoyaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó que toda la información recolectada por la organización es absolutamente confidencial.
«Todo lo recaudado queda bajo la única custodia de los jueces de la Sala de Cuestiones preliminares y de ningún modo será compartido con las autoridades venezolanas. El resguardo y la seguridad de las víctimas ha sido y seguirá siendo observado, respetado y aplicado como una prioridad inobjetable durante todo el tiempo que sea necesario», señaló la ONG en un comunicado publicado en Twitter.
Instaron a las víctimas a mantenerse tranquilas y confiadas, pues desde que la CPI inició la solicitud de formularios con los testimonios estableció que todo el proceso era confidencial.
«Recordamos que para reforzar las medidas de confidencialidad en la comunicación, fue confiada a la sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), para la gestión y manejo de los formularios, además de procesarlos, de generar un informe consolidado para la Sala de Cuestiones preliminares, en cuanto a todos los indicadores encontrados y analizados», indicó la organización.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón aseveró que la reciente solicitud del gobierno de Maduro no es más que una táctica legal con el objetivo de dilatar el procedimiento que lleva a cabo la CPI, con el fin de que no avance.
«Vale la pena acotar que por la contundencia de la información enviada, tanto por el fiscal Karim Khan como por la Sección de Víctimas (VPRS), no queda lugar a dudas de que este proceso, en sus tiempos y en sus formas, irá avanzando de conformidad con las más altos estándares que establece el derecho internacional», puntualizó la organización.
La petición del gobierno tiene fecha del 25 de abril de 2023 y está firmada por el canciller Yván Gil. Piden que se le otorgue un plazo hasta el 30 de mayo para responder al informe de la VPRS, el cual recopila miles de testimonios de las víctimas, que relataron torturas y tratos crueles. De igual manera, el documento recaba los testimonios de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y persecución política.