Grupos de derechos humanos de Venezuela y más de 40 organizaciones de la sociedad civil solicitaron este martes al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, intervenir y revisar las causas judiciales de los seis dirigentes sindicales detenidos durante los primeros días de julio.
El grupo protestó ante la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, y entregó una carta dirigida a Ruiz en la que le solicitan una «actuación decisiva» de su despacho para «constatar, de primera mano, tanto la insustancialidad de su imputación, como las graves violaciones a los derechos humanos contra ellos cometidas».
En el documento, rechazan las detenciones arbitrarias de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo, a quienes identifican como «activistas sociales vinculados a las luchas sindicales» que han encabezado protestas en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) «que afecta las contrataciones colectivas».
«Estas detenciones son una clara retaliación contra estos ciudadanos debido a su actividad de defensa de los derechos laborales. Ello constituye una severa amenaza para el ejercicio de los derechos a la libertad sindical, la libre expresión y el derecho a la reunión y asociación pacíficas», subrayó el conglomerado.
Cese al hostigamiento
Ante ello, los firmantes del documento insistieron en que el defensor del pueblo debe ofrecer un «mensaje público» que genere alivio para el sector que defiende los derechos humanos y que «se siente indefenso y sin protección por parte del Estado venezolano», según la misiva.
El 11 de julio, el Foro Penal y otras 107 ONG y sindicatos condenaron, mediante un comunicado, las detenciones arbitrarias de estos dirigentes sindicales.
Además, exigieron su liberación «plena e inmediata» y el cese de «toda forma de hostigamiento y persecución en contra de los trabajadores, líderes sindicales, defensores de derechos humanos» de la organización política Bandera Roja o «cualquier otra agrupación política opositora».