El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) exigió este miércoles al Estado de Venezuela que cese la «criminalización» contra organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas para que puedan -dijo- cumplir «libremente» con sus actividades en el país.
A través de un informe difundido por la ONG venezolana Provea, el observatorio indicó que el Estado debe reivindicar la autonomía de las organizaciones sociales y eliminar las «restricciones y obstáculos» para que los ciudadanos puedan crear y participar en los grupos que consideren convenientes «para la promoción y defensa de sus intereses y derechos» en el marco de la Constitución.
Asimismo, pidió al Ejecutivo abstenerse de implementar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines -aprobado en agosto por el Parlamento-, porque, a su juicio, «representa una enorme amenaza para el trabajo de protección de los derechos humanos y de ayuda humanitaria» en el país.
Odevida explicó que, en 2024, seis activistas por los derechos humanos han sido «detenidos arbitrariamente» y están siendo «sometidos a procesos judiciales violatorios del derecho al debido proceso, acusados por delitos tales como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio».
«Nunca en Venezuela se había detenido a defensores de derechos humanos, lo que sin duda es una señal de alerta para la comunidad nacional e internacional», señaló.
El observatorio subrayó que han incrementado las «amenazas, intimidación y hostigamiento» contra organizaciones y defensores de derechos humanos.
También, denunció que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, documentó un total de 20 casos de «anulación de pasaportes» a activistas, lo que considera un «patrón de represión».
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