La ONG Clima21 pidió al gobierno de Venezuela, en un informe publicado este domingo, que ratifique el Convenio de Minamata, con el objetivo de establecer un plan con el que se elimine por completo el uso del mercurio en el sector de la minería.
En el informe, titulado ‘Derechos de los niños, mujeres, indígenas y trabajadores del sur de Venezuela amenazados por el mercurio’, la organización sostuvo que actualmente hay una ausencia de respuestas «eficaces, oportunas, suficientes y continuas» ante el problema que representa la contaminación por mercurio derivado de la pequeña y mediana minería.
Asimismo, dijo que existen «enormes vacíos de información» en todos los aspectos relacionados con el tema de la contaminación de mercurio en el país.
«Tampoco existe información sobre el volumen de mercurio actualmente usado en la minería de oro en el país, ni sobre el nivel de importaciones de mercurio de Venezuela», añadió.
Clima21 señaló que no hay datos epidemiológicos que permitan establecer el impacto de la contaminación sobre la salud humana en Venezuela, por lo que pidió que se desarrolle una política nacional para identificar y proteger a las poblaciones en riesgo y proporcionar atención médica a ciudadanos afectados.
La ONG también exigió que se investigue y castigue a los responsables del «contrabando de mercurio».
En julio pasado, el ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Josué Lorca, informó de un plan de reforestación de las zonas afectadas por la minería ilegal, especialmente por el uso de mercurio, dentro de la región amazónica que colinda con Brasil y Colombia.
Se trata, remarcó entonces, de «áreas bastante afectadas» por la extracción de minerales, una actividad que el Gobierno intenta erradicar a través de un plan de evacuación de mineros ilegales.
El pasado 14 de marzo, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó que más de 7.000 personas han sido desalojadas de la región amazónica del país en menos de un mes por practicar la minería ilegal.
Según la FANB, más de 2.500 militares están desplegados en parques nacionales, reservas forestales y cuencas hidrográficas en misiones contra la minería ilegal.