ONG de Venezuela celebraron este viernes la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar los argumentos de Caracas contra la reanudación de la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña y autorizar al fiscal, Karim Khan, a seguir las pesquisas como parte del caso abierto en noviembre de 2021.
En un comunicado conjunto, la ONG Provea y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) calificaron la decisión de la CPI como «un paso crucial en la lucha contra la impunidad en Venezuela».
«En un contexto marcado por el desmantelamiento del Estado del derecho en el país y una nueva ola de persecución a contra todas las voces disidentes, la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de (Nicolás) Maduro», dijeron las organizaciones.
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La ONG Fundaredes también celebró la decisión de la CPI y aseguró que se trata de un paso para garantizar «justicia para las víctimas» de los crímenes de lesa humanidad que son investigados.
Una postura similar expuso la organización Acceso a la Justicia, que reseñó la resolución de la corte y coincidió en que se trata de una «gran noticia para las víctimas».
La Sala de Apelaciones de la CPI rechazó este viernes, por unanimidad, los argumentos presentados por el Gobierno de Nicolás Maduro, que aseguró en noviembre pasado que «nunca han ocurrido» crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino «un puñado de incidentes» que Caracas ya investiga, por lo que pedía ponerle fin a este proceso en el tribunal internacional.
El alto tribunal, que considera que en los procesos penales que lleva adelante Venezuela hay «periodos de inactividad inexplicables», autorizó al fiscal de la CPI a seguir la investigación.
En respuesta, Venezuela emitió un comunicado en el que insiste en que se trata de una «manipulación de un reducido conjunto de delitos» que «han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de Justicia venezolano».