La Organización Internacional del Trabajo presentó en Ginebra, Suiza, un informe realizado por su Comisión de Encuesta, la cual evaluó el comportamiento del gobierno de Venezuela en relación con los métodos para la fijación de salarios mínimos, la libertad sindical y el convenio sobre la consulta tripartita.
En marzo de 2018, el Consejo de Administración de la OIT estableció una Comisión de Encuesta para examinar una queja presentada en junio de 2015, en la que se alegaban actos de violencia, agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a Fedecámaras.
En el informe la OIT alerta sobre de la impunidad en relación con actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación, así como otras vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros.
La comisión también constató prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al régimen.
La comisión recomienda a las autoridades que tomen medidas para que cese la violencia que afecta el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas. Pide también la no utilización de los procedimientos judiciales para coartar la libertad sindical, como ocurrió en los casos de Rubén González y Rodney Álvarez.
En particular, la comisión exhorta a la eliminación de la imposición de instituciones como los consejos productivos de trabajadores, que puedan coartar en la legislación o en la práctica el ejercicio de la libertad sindical. También, pidió que cese la exclusión de Fedecámaras y demás organizaciones no afines al gobierno del diálogo social.
La comisión considera que sus recomendaciones deberán aplicarse sin más demora, y su cumplimiento completarse a más tardar el primero de septiembre de 2020.