Lo que está sucediendo en el Parque Nacional Yapacana, “es la crónica de una muerte anunciada”, según el obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, monseñor Jonny Reyes.
A su juicio, el enfrentamiento que se generó entre mineros ilegales y efectivos de castrenses es una situación que se veía venir.
Consideró que no se puede esperar que luego de dejar crecer sin control al “monstruo”, ahora se considere que simplemente se puede desalojarlo y ya.
En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, indicó que ya son más de 10 años de tolerancia por parte del Estado venezolano, en lo que una parte de la población de esa zona está vinculada a la actividad minera. La cual, sigue creciendo desordenadamente y que además involucra a grupos irregulares y extranjeros en actividades delictivas.
El obispo también indicó que en medio de esta situación en Yapacana, casi todas las familias en Amazonas tienen un familiar en ese oficio, pues, ante la crisis económica, irse a la mina se convirtió en una alternativa a pesar de los riesgos que implica.
“Cuando tienes un sueldo de hambre y tienes cinco o seis muchachos, todo se hace muy trágico. Y la salida es esa, la salida es agarrar sus muchachos y sus pertenencias y aventurarse en las minas”. Así lo expresó el monseñor.
Obispo de Puerto Ayacucho sobre situación en Amazonas: “Es la crónica de una muerte anunciada”
En tal sentido, recordó que la minería es una actividad que se lleva a cabo desde hace muchos años. Así como los mayores debates que siempre recaen sobre el impacto ambiental que provoca la explotación de recursos.
El representante de la iglesia católica en Puerto Ayacucho, aseguró que el crecimiento de la minería en esta zona produce un efecto muy negativo en las etnias locales.
“Hay gente de los pueblos originarios que están de acuerdo con la minería artesanal y hay otros que ven más efectiva la minaría ya con máquinas. O sea, más tecnificada, y pierden totalmente el control y no les importa todo el tema de la contaminación y de la destrucción”, dijo.
Por último, señaló que es el Estado venezolano quien tiene la responsabilidad de brindar soluciones a lo que sucede en Yapacana.
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