El régimen de Nicolás Maduro ha promovido nuevas normas a la legislación a través de la ilegítima asamblea nacional constituyente que sustentan la persecución del Estado a las ONG y sus directivos.
La asociación civil Acceso a la Justicia denunció esta semana que dos resoluciones atentan contra la libertad de acción, las operaciones y el financiamiento de las ONG.
La primera, aprobada a finales de octubre por al anc, exige a las ONG constituidas fuera del país que diligencien una «certificación» de su inscripción ante un, recientemente creado, Registro Especial. El permiso tiene vigencia de solo un año.
«El objetivo de la norma es vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas», propone la legislación.
Segundo, involucran a la resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, para la fiscalización de fondos y cuentas de las organizaciones sin fines de lucro por sospechas de los mismos crímenes.
Laura Louza Scognamiglio, directora de Acceso a la Justicia, consideró que ambas resoluciones allanan el camino para el amedrentamiento de las ONG.
«Todo entra en la narrativa oficial de que hay que limitar y fiscalizar los recursos de las ONG. Esas resoluciones permiten esas ‘visitas’ policiales, que son allanamientos disfrazados, bajo la excusa de que deben fiscalizar», aseveró la vocera y abogada, a la Voz de América.
Señaló que dichas normativas justificaron las recientes acciones contra Alimenta La Solidaridad y Caracas mi Convive y Acción Solidaria, en el mes de septiembre.
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