Venezuela acaba de hacer su segundo movimiento para ayudar a liberar al colombiano Alex Saab, preso desde hace 12 días en Cabo Verde y señalado por Estados Unidos de ser ficha clave del régimen de Nicolás Maduro.
Primero envió un comunicado diciendo que era su agente y que buscaba comida y medicina para paliar la pandemia. Y ahora, el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, salió a calificar su arresto como una violación «grave e inaceptable de las normas más fundamentales del derecho internacional: la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otro país». Pidió su liberación urgente.
Correa Ortega ya se encuentra en territorio caboverdiano junto con un equipo legal designado por el régimen de Venezuela, señala el diario caboverdiano Expreso das Ilhas.
El embajador, residente en Dakar, capital del cercano país de Senegal, dijo estar consternado ante la captura de Saab que, afirmó, estaba «en tránsito para una misión que llevaría a cabo en un tercer país», en referencia a la frustrada llegada del colombiano a Irán.
Por medio de un comunicado, el delegado de Venezuela solicitó que se ponga fin «urgentemente» a esta situación «ilícita». Expresa que sigue con la esperanza de una «liberación rápida del enviado especial de Venezuela» bajo las «relaciones amistosas de larga data» entre ambos gobiernos.
El colombiano fue detenido el 12 de junio en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Espargos, Isla de Sal, cuando su avión se detuvo por combustible para su ruta a Irán, debido a una circular roja emitida por la Interpol a petición de Estados Unidos que lo procesa por delitos de lavado de activos relacionados con el régimen de Maduro.
Para ese país, Saab es la ruta para llegar a las fortunas ilícitas del régimen, a los movimientos irregulares de oro y dólares del saqueo a Venezuela y de pactos con Turquía, Irán y Rusia.
La declaración del embajador se produce en momentos en que un tribunal de Cabo Verde resuelve el habeas corpus que presentó la defensa de Saab el pasado jueves y que debe resolverse este lunes.
La DEA y el Departamento de Justicia están en alerta.