El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este lunes «mártires» a dos mujeres militantes del chavismo «asesinadas» tras las elecciones del 28 de julio, de lo que el mandatario acusó -sin mostrar pruebas- a los líderes de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
«Pido los homenajes más sublimes para ellas como mártires de esta revolución antifascista«, expresó el jefe de Estado en un encuentro con Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el gobierno, transmitido por el canal estatal VTV.
Maduro aseguró que ambas mujeres fueron asesinadas «por los comanditos» -grupos de organización política de la campaña de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- de «María fascista Machado y del cobarde criminal de Edmundo González», y señaló que están «capturados todos los autores intelectuales y materiales».
El líder chavista, declarado ganador de las presidenciales con base en unos resultados que aún se desconocen de forma desagregada, dijo que son delitos «del fascismo» de ambos opositores, para quienes pidió recientemente cárcel por supuestas acciones «criminales» tras los comicios, en los que la PUD asegura que ganó su abanderado.
Nicolás Maduro arremete contra la oposición
El mandatario, quien reiteró que dos militares también fueron asesinados, aseguró que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y algunos cuerpos de seguridad regionales «salvaron de las garras fascistas» a «centenares de ciudadanos».
Manifestantes quemaron carteles del presidente Nicolás Maduro. | Foto: AFP
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas fueron detenidas durante las protestas poselectorales -algunas derivadas en hechos de violencia-, en las que se registraron 25 muertes, que la Fiscalía atribuye a «grupos delincuenciales instrumentalizados» por los «comanditos».
La oposición ha pedido la liberación de los detenidos por protestar contra el resultado oficial de las elecciones y «el cese de la persecución».
La semana pasada, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció «el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias» y el «uso desproporcionado» de la fuerza reportados luego de las protestas, algo que el gobierno rechazó.