El Ministerio Público (MP) anunció este viernes una investigación por las denuncias de paramilitares colombianos que asegura haber sido contactado para ejecutar un plan «desestabilizador» contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección el próximo 28 de julio.
«Ministerio Público designa a la fiscalía 83 nacional para investigar y sancionar nuevas amenazas de magnicidio contra el jefe de Estado». Así lo indicó el fiscal general, Tarek William Saab, en X.
La investigación se inició a solicitud del propio presidente, quien minutos antes había pedido públicamente a Saab comenzar las averiguaciones sobre las denuncias que hizo en redes sociales el grupo conocido como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
«Ellos fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos mil hombres para generar violencia en los estados fronterizos». Así lo dijo Maduro en su programa de radio.
En el vídeo, el grupo señala que fue contactado para «desestabilizar el gobierno de la república de Venezuela», y «atentar contra la infraestructura eléctrica, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido infiltrándonos en protestas y generando el caos en las calles».
MP investigará denuncia de paramilitares colombianos
La acusación surge en medio de las denuncias que viene haciendo el gobierno desde inicios de este año sobre supuestos planes conspirativos de la oposición. A esta también la señala de buscar cantar «fraude» tras los comicios presidenciales.
El mandatario también acusó hace dos semanas a su principal rival en las elecciones, Edmundo González Urrutia, de planear un supuesto golpe. Ocurrió después de que se negara a suscribir un acuerdo de respeto a los resultados electorales propuesto por el chavismo.
González, diplomático de 74 años, es el candidato por la Plataforma Unitaria. Esto, tras la inhabilitación de la líder María Corina Machado, que arrasó en primarias opositoras celebradas en octubre pasado.
Según la ONG Acceso a la Justicia, en lo que va de año han ocurrido unas 46 detenciones «arbitrarias». Todas, vinculadas a la campaña opositora, la mayoría de activistas y algunos comerciantes.