Movistar, subsidiaria del grupo español Telefónica, ha cuadriplicado las intervenciones a números de teléfono de ciudadanos en Venezuela a petición del gobierno de Nicolás Maduro, informó el medio español Vozpópuli en una nota publicada este miércoles.
Según el informe de transparencia de la compañía, en 2021 hubo 861.004 solicitudes de intervención. Entre las autoridades que hacen la petición se encuentra el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con previa solicitud del Ministerio Público y autorización de un juez.
En un cuadro, Vozpópuli destaca que las solicitudes incrementaron de manera significativa desde 2018. Ese año hubo 639.911, mientras que en 2016 se registraron mucho menos: 380.250. En 2019 fueron 651.446 y en 2020, 736.498.
Movistar, además, viola la libertad de expresión en Venezuela al mantener bloqueadas páginas web de medios de comunicación, nacionales e internacionales, que confrontan al gobierno de Nicolás Maduro.
En una reciente entrevista, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, subrayó que el bloqueo de Movistar no tiene ningún respaldo jurídico y recordó que la libertad de expresión es un derecho básico que deben cumplir todas las empresas europeas.
Explicó que, para que la compañía pueda restringir el acceso a una página con dominio .com, debe haber un proceso judicial en el país donde está registrado. En el caso de El Nacional en Estados Unidos, donde un juez federal debe evaluar el caso y decidir si se procede o no al bloqueo.
“Es absolutamente irregular porque son páginas internacionales y la única manera de bloquearlas es con un juez federal donde están alojadas”, insistió.
Otras páginas bloqueadas en el país son La Patilla, El Pitazo, Efecto Cocuyo y Crónica Uno.
Al respecto, Alberto Federico Ravell, director de La Patilla, afirmó que tanto las operadoras de Internet como las de telefonía “están amenazadas por el gobierno”.
“Primera vez que veo que a una operadora internacional el gobierno le dicta pautas y le dice a qué página se puede acceder y a cuál página no. Es un tema grave, sensible, que una compañía extranjera tenga que cumplir las normas del gobierno de censurar páginas web”, expresó.