El gobierno de Nicolás Maduro ha censurado y restringido repetidamente las actividades legítimas de los medios de comunicación de comunicación venezolanos, contribuyendo efectivamente a la desaparición progresiva de los mismos, según un nuevo informe publicado este miércoles por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
El control del Estado sobre la mayoría de los medios de comunicación se consagró tras la creación en el año 2000 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la adopción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en 2004.
La misión determinó que Conatel es el ente encargado de prohibir el uso de determinados temas o palabras en los medios de comunicación, tales como todo lo relacionado a corrupción o violaciones atribuidas a funcionarios del Estado, las referencias a tribunales internacionales y a los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como la cobertura de protestas sociales o manifestaciones contra el gobierno.
«La Comisión ha prohibido entrevistas con candidatos de partidos políticos de la oposición, pero también con activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. Además, la Comisión no sólo limita el contenido de las transmisiones, sino que también ha denegado permisos, confiscado equipos y cerrado emisoras de radio y televisión que no se ajustaban a sus propias directrices», señaló el informe.
Pese a la autocensura a para evitar este tipo de represalias, la misión destacó que entre 2003 y 2022 casi 300 emisoras de radio del país fueron cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; siendo 2022 el año con mayor número de cierres en las últimas dos décadas.
«Con la desaparición de la prensa escrita y la censura y cierre de emisoras de radio y televisión, Internet es uno de los pocos espacios del país donde se puede compartir información libremente de fuentes independientes», agregó el documento.
Sin embargo, los miembros de la misión destacaron, durante la rueda de prensa realizada este miércoles para la presentación del informe, que Conatel ha presionado a los proveedores de servicios de Internet para que bloqueen el acceso a las páginas web pertenecientes a medios de comunicación independientes.
«La Comisión Nacional de Telecomunicaciones utilizó procedimientos administrativos de forma arbitraria para restringir plataformas de medios de comunicación que adoptaban una postura crítica con el gobierno», señaló el informe de la misión de la ONU.
Inhabilitaciones políticas
La misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades han utilizado la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos.
«Dichas inhabilitaciones políticas no son hechas públicas por la Contraloría General, a pesar de que la ley establece que deben ser publicadas en Gaceta Oficial y comunicadas a las personas interesadas. En varios casos investigados por la misión, las personas sometidas a estas inhabilitaciones sólo se enteraron de la prohibición años después de su imposición», destacó la actualización del informe.
Los miembros de la misión destacaron que las inhabilitaciones son usadas por el gobierno oficialista con mayor frecuencia en los meses previos a los procesos electorales.
«En el momento de redactar este informe, tres de las personas que se presentaron a las elecciones primarias por la Plataforma Unitaria de la oposición, Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, habían sido inhabilitadas para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024», señaló el documento.
También destacaron durante la rueda de prensa que algunos de estos líderes políticos, en especial María Corina Machado, ha sido víctima de ataques durante los recorridos que ha estado realizado por Venezuela, en el marco de su campaña para las primarias pautadas para el 22 de octubre.
«La Contraloría General de la República aplicó inhabilitaciones políticas de manera selectiva a líderes de la oposición, violando normas internacionales y procedimientos internos aplicables», añadió el documento.
El CNE como represor
Las investigaciones realizadas por la misión demostraron que organismos como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional Electoral (CNE) han contribuido, por acción u omisión, a la represión de las personas opositoras o percibidas como tales.
«La República Bolivariana de Venezuela es responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos derivadas de las acciones y omisiones de estas instituciones en tanto que agentes del Estado», indicó el informe.
La misión reveló que el CNE, con su mayoría de consejeros progubernamentales, «carece de la independencia necesaria para desempeñar sus funciones constitucionales y ha estado sujeto a influencias indebidas de otros poderes del Estado».
«Basándose en los casos documentados para este informe, la misión tiene motivos razonables para creer que el Consejo Nacional Electoral ha aplicado normas y prácticas que han limitado arbitrariamente el establecimiento y el funcionamiento autónomo de los partidos de la oposición, debilitando la confianza pública en el sistema electoral, al tiempo que han interferido en las actividades de los sindicatos», precisó el documento.
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