El régimen de Venezuela reactivó la maquinaria represiva antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, así concluye la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU su informe presentado este viernes ante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra.
Los expertos, que investigaron el período entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, documentaron una serie de crímenes perpetrados después de que el Consejo Nacional Electoral anunció la supuesta victoria de Nicolás Maduro sin presentar pruebas de los resultados.
«La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas, y la población en general, se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder, en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades», dice.
La misión advierte que el riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto.
Aumento de la represión tras las elecciones
Desde el anuncio de la «victoria» de Maduro, la represión política y social ha alcanzado niveles alarmantes.
Según la misión, 25 personas murieron durante las protestas poselectorales, la mayoría jóvenes de barrios populares, víctimas de disparos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que actuaron en conjunto con civiles armados.
A esto se suman más de 2.200 detenciones en apenas una semana tras los comicios, cifras no vistas desde 2019.
«Las víctimas, y la población en general, se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder, en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad», destacaron.
Entre los casos emblemáticos investigados está la detención de la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel y la persecución contra miembros de la oposición, como cinco militantes de Vente Venezuela.
Esos opositores del equipo de María Corina Machado se refugiaron en la Embajada de Argentina en Caracas antes de recibir la custodia de Brasil tras la expulsión de la representación diplomática argentina.
Violaciones sistemáticas y crímenes de lesa humanidad
El informe subraya asimismo que las violaciones documentadas no son incidentes aislados, sino parte de un plan sistemático del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la oposición política y perpetuar el poder.
«Estas violaciones representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada por la misión en informes previos como crímenes de lesa humanidad», afirmó la delegación.
Entre los crímenes mencionados figuran la tortura, la violencia sexual y la persecución basada en motivos políticos.
La represión de niños y niñas
Uno de los aspectos más inquietantes del informe es la detención de 158 niños y niñas, algunos con discapacidades, durante las protestas.
Estos menores de edad han sido imputados por delitos graves como terrorismo, lo que constituye violación flagrante de los estándares internacionales de protección infantil, denuncia el informe.
También alerta sobre la aprobación de leyes que restringen las libertades fundamentales en Venezuela.
La Ley de fiscalización de ONG y el proyecto de ley contra el fascismo, ambos aprobados en agosto, criminalizan la disidencia y restringen severamente el derecho a la libertad de asociación y expresión.
Estas leyes en Venezuela, según la Misión de la ONU, son incompatibles con normas y estándares internacionales.
Los expertos pidieron a la comunidad internacional que actúe ante la crisis humanitaria y política en Venezuela. «Las violaciones y delitos se siguen cometiendo mientras presentamos nuestro informe ante este Consejo», subrayaron.
Ante este panorama, pidieron que no se permita la impunidad y que se garantice justicia para las víctimas de la persecución política y las violaciones de derechos humanos en Venezuela.