La Misión internacional independiente de la ONU para Venezuela documentó la detención de al menos 150 menores de edad (122 niños y 28 niñas) durante el período posterior a las elecciones presidenciales.
“Una proporción todavía no establecida de estos fueron imputados con delitos graves como incitación al odio y terrorismo por su alegada participación en protestas violentas”, detalla el informe, dado a conocer íntegramente este martes 15 de octubre, donde se presentan “conclusiones detalladas sobre las graves violaciones de derechos humanos y delitos cometidos en Venezuela contra personas opositoras o percibidas como tales durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024”.
“Las investigaciones de la Misión se centraron en las violaciones graves de derechos humanos mencionadas explícitamente en el mandato que le otorgó el Consejo de Derechos Humanos (como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género)”, indica.
Recuerda que “el período que abarca el informe estuvo marcado por el proceso conducente a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.
¿Qué dice el informe de la Misión de la ONU sobre las detenciones de niños y niñas después de las elecciones presidenciales en Venezuela?
La Misión de la ONU indica que “la detención masiva de niños y niñas es un fenómeno preocupante que no había sido identificado previamente”.
Advierte que según el derecho internacional de los derechos humanos, “niño y niña es todo ser humano menor de 18 años de edad”. Señala asimismo que la legislación venezolana considera niño y niña a las personas menores de 12 años, y adolescente a las que tienen entre 12 y 18 años.
“La Misión investigó 11 casos relativos a detenciones de niños y niñas, todos ellos relativos al período electoral, incluyendo cinco casos de violencia sexual mientras las niñas permanecían privadas de libertad”, apunta.
“Las investigaciones avanzadas hasta la fecha han podido documentar una serie de elementos que prima facie contravienen las normas y estándares internacionales de protección de la niñez”, agrega.
La Misión subraya que en todos los casos, según la información recibida, las detenciones fueron ejecutadas sin órdenes judiciales y sin que existiera flagrancia: “Al ser detenidos, los niños y niñas no estaban participando en protestas, pacíficas o violentas. En uno de los casos, la detención se produjo en el marco de una redada indiscriminada en la que también se detuvo a personas adultas que circulaban por la calle cerca de donde se estaba llevando a cabo una manifestación”.
Mujeres sostienen carteles que reclaman justicia durante una manifestación para exigir la liberación de los jóvenes capturados durante las protestas tras las controvertidas elecciones presidenciales del 31 de julio en la Fiscalía de Caracas el 26 de septiembre de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP
No se cumplieron las garantías procesales
En el informe, la Misión de la ONU señala que “a los niños y niñas no se les informó de las razones de su detención”, tampoco pudieron informar de la detención a sus familiares, representantes legales o abogados, incluso por días y semanas: “En la mayoría de los casos, la incomunicación con la familia duró entre 7 y 10 días. En uno de los casos, la víctima no tuvo contacto con su familia por más de 18 días”.
Según pudo documentar la Misión, “los niños y niñas detenidos fueron transferidos en su mayoría a centros de reinserción de adolescentes infractores, aunque algunos permanecieron privados de libertad en centros de detención para adultos y en instalaciones de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado”.
Agrega que “en los centros de detención no hubo siempre separación por edad, género o criterio de peligrosidad, lo que expuso a los menores de edad a una situación de especial vulnerabilidad”.
Familiares de adolescentes detenidos durante las protestas contra los resultados de elecciones presidenciales en Venezuela sostienen carteles, en una manifestación reclamando su libertad, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Los niños y niñas detenidos fueron imputados por terrorismo
La Misión de la ONU constató que “la mayoría de los niños y niñas fueron imputados, entre otros delitos, por terrorismo e incitación al odio, que acarrean alta penas de privación de libertad”.
Asimismo, la Misión indica que las audiencias de presentación fueron conducidas por el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, juzgado a cargo de Joel Abraham Monjes, una instancia cuestionada por su falta de imparcialidad y señalada de incurrir de manera recurrente en violaciones del derecho al debido proceso.
En el informe se advierte que la Misión fue informada de que en uno de los casos investigados, dos de los niños fueron golpeados por los agentes que los detuvieron, “a uno causándole fracturas en los dientes y una lesión en el brazo”. Al otro “se lo amenazó de muerte para que confesara en una grabación haber recibido dinero para participar en una protesta”.
Muchos de los niños y niñas fueron excarcelados con medidas cautelares alternativas a la privación de libertad.
Mujeres sostienen un cartel que reclama justicia durante una manifestación para exigir la liberación de los jóvenes capturados durante las protestas tras las controvertidas elecciones presidenciales del 31 de julio en la Fiscalía de Caracas el 26 de septiembre de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP
Detenido por guarimbero, los casos documentados por la Misión de la ONU
La Misión de la ONU documentó la detención de V24BB, de 16 años, detenido el 29 de julio en el Litoral Central por la policía estatal mientras transitaba por la calle. No le dieron explicación alguna.
Los funcionarios le dijeron que estaba detenido por guarimbero. El 3 de agosto fue presentado ante un tribunal. El juez le informó que estaba imputado por terrorismo y obstrucción de la vía pública “por haber participado en la guarimba”.
V24BB pudo ver a su familia por primera vez el 15 de agosto, 17 días después de su detención. Antes de ese día no se le permitió ninguna llamada o visita. El 31 de agosto, 33 días después de su detención, fue presentado por segunda vez ante el juez que le informó que sería excarcelado bajo medidas cautelares. Nunca recibió copia de su boleta de excarcelación.
V24CC, otro caso documentado por la Misión, tiene 16 años. Fue detenido el 29 de julio en el Litoral Central por la policía estatal. Los funcionarios lo golpearon al momento del arresto. No dejaron que sus familiares lo vieran hasta una semana después de su detención. Le dijeron a los familiares que si se “quedaban tranquilos” y no denunciaban la situación, el niño sería liberado. V24CC fue excarcelado el 31 de agosto bajo medidas cautelares.
La Misión ha documentado también la detención de V24FF, de 14 años de edad, y su padre, el 30 de julio por la tarde. La detención se produjo cuando el cuerpo policial efectuó una redada y detuvo a varias personas. Padre e hijo fueron entregados a la GNB y estuvieron detenidos en la Comandancia del Conas durante ocho días. V24FF fue incomunicado. Permanece detenido en un centro socioeducativo con derecho a visita los sábados. Los familiares no tienen información sobre los delitos imputados ni tienen comunicación con los defensores públicos asignados.
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