VENEZUELA

Ministerio Público investigará asesinato de los dos periodistas de televisora socialista

por Avatar AFP

La fiscalía abrió este domingo una investigación luego de la «presunta ejecución extrajudicial» de dos periodistas de un medio de comunicación digital de línea oficialista. Se presume que su ejecución se realizó en manos de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

«Ante presunta ejecución extrajudicial a manos de funcionarios del FAES de los periodistas Andrés Eloy Zacarías y Víctor Torres, designamos al Fiscal 45 de Derechos Humanos y al Fiscal 15 de Delitos Comunes para investigar y sancionar este lamentable hecho», informó en Twitter el fiscal general Tarek William Saab.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció el asesinato de Zacarías, de 33 años de edad. El periodista se desempeñaba como «comunicador popular y trabajador de Guacamaya TV«. Asimismo, informaron sobre la muerte de Torres, de 29 años, «hijo del dueño del medio». La ejecución de ambos se produjo durante «un operativo de las FAES» el 21 de agosto en la sede del canal en Cabimas, estado de Zulia.

«Esto fue un crimen. Violaron todas las leyes y haremos la denuncia formal porque esto fue un asesinato vil. Todos vimos cuando pusieron hasta armas a los cuerpos», declaró Franklin Torres, dueño del medio, al sindicato de prensa.

FAES

Las FAES se crearon el 14 de julio de 2017 por Maduro en el marco de protestas antigubernamentales.

Desde su creación son múltiples las denuncias de violaciones de derechos humanos. Estas van desde allanamientos ilegales, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en septiembre de 2019 un informe. Allí  documentó posibles ejecuciones extrajudiciales de las FAES, cuya disolución exigió.

Maduro acusó entonces a la funcionaria de repetir «mentiras» sobre Venezuela.

El pasado 8 de agosto, Saab dijo que en los últimos tres años la fiscalía ha imputado a 528 funcionarios de orden público por violación de derechos humanos. De esta cifra, se privaron de libertad 450 y 140 recibieron condena.