Las autoridades venezolanas han incautado, en lo que va de este año, 79.300 litros de combustible, 22.000 kilos de aluminio, 138.576 kilos de hierro y 213.547 kilos de chatarra, informó este jueves el fiscal general, Tarek William Saab.
«En lo que va de año 2022, apenas dos meses y medio de 2022, se han incautado 4.423 metros de cable, 79.300 litros de combustible, 22.000 kilos de aluminio, 138.576 kilos de hierro, 1.939 kilos de cobre y 213.547 kilos de chatarra», dijo Saab en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Además, detalló que en ese mismo tiempo han detenido a 439 personas, de las cuales 326 han quedado privadas de libertad, 96 han recibido medidas cautelares y 17 están en libertad plena.
Sobre los que han quedado presos, no detalló cuáles delitos se les imputan.
Indicó que el 5 de marzo detuvieron a seis personas en las afueras de Caracas, sin detallar ubicación, por el transporte de 2 camiones con 50 toneladas de láminas de aluminio pertenecientes a la empresa estatal Hidrocapital, encargada del servicio de agua.
Saab señaló que entre los detenidos se encuentra un funcionario del Ejército venezolano.
«Todos quedaron privados de libertad por los delitos de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir», añadió.
«Material estratégico» podrá volver a circular
En cuanto al decomiso de chatarra, el fiscal aseguró que se trata de «material en buen estado» que no debe ser desincorporado de las empresas públicas venezolanas, a menos que cuente con el aval de un comité de la petrolera Pdvsa, que es la que «genera este tipo de desincorporación».
Por eso dijo que se elabora un protocolo de actuación para que el «material estratégico» pueda circular legal y libremente por el país con los permisos requeridos.
El 24 de febrero, Saab indicó que desde 2017 han sido detenidas 12.485 personas por «robar» y traficar con «material estratégico» obtenido tras el desmantelamiento de equipos e instalaciones de la petrolera estatal Pdvsa y empresas públicas de servicios.
Igualmente, dijo que el Ministerio Público ha acusado, desde 2017, a 5.564 personas por el «hurto de cables conductores de electricidad, material ferroso y tuberías».