El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, informó este sábado el envío de 12 expertos a El Ripial, estado Apure, para que investiguen posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado entre funcionarios de las FANB y guerrilleros colombianos.
Saab indicó que los expertos forman una comisión conjunta de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y la Unidad Criminalística de la Fiscalía.
En El Ripial deberán practicar diligencias y experticias de investigación luego de que un grupo de familiares denunciara un falso positivo en la localidad.
De acuerdo con la denuncia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana crearon un falso positivo para justificar que unos ultimados eran supuestos guerrilleros.
El periodista Junior Parra informó sobre la situación en su cuenta de Twitter. Señaló que los allegados le aseguraron que los ciudadanos no eran terroristas, como dijeron los organismos de seguridad en una minuta, en la que se indicó que el procedimiento formó parte del Escudo Bolivariano Lanceros de Apure.
Las fuentes afirmaron que no formaban parte de grupos armados irregulares. Los fallecidos quedaron identificados como Luz Dey Remolina, ama de casa; Emilio Ramírez, quien se dedicaba al campo; y los jóvenes Ehiner Yafran Anzola Villamizar y Jeferson Uriel Ramírez, de acuerdo con las descripciones.
Marino Alvarado, coordinador de Investigación de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, comparó esta presunta masacre con la de El Amparo, ocurrida en 1988, cuando policías y militares asesinaron a 14 pescadores y los presentaron como guerrilleros.
“A los pescadores les pusieron uniformes y les sembraron armas. Generales y oficiales de las policías involucradas insistieron en que eran guerrilleros, pero la mentira se desmoronó. Años después el Estado venezolano asumió la responsabilidad”, recordó.