El Ministerio Público anunció este lunes la excarcelación de 533 presos políticos, detenidos en el contexto de las protestas ocurridas en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Según un comunicado publicado en las redes sociales, y firmado por el fiscal chavista Tarek William Saab, entre el 10 y el 14 de diciembre se solicitaron 179 revisiones de medidas procesales, las cuales fueron acordadas por el Poder Judicial.
Estas se suman a las 354 excarcelaciones previas, realizadas en el marco del «debido proceso garantizado por la Constitución».
La medida ocurre tras meses de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos que han señalado que las detenciones tuvieron un carácter político y que los procesados fueron víctimas de irregularidades judiciales, arrestos arbitrarios y violaciones de sus derechos fundamentales.
Los familiares, además, han denunciado presuntas torturas y condiciones inhumanas de detención.
Aunque el Ministerio Público aseguró que tiene compromiso con la «paz, la justicia y los derechos humanos», sectores han cuestionado la falta de transparencia en los procedimientos judiciales y han exigido la liberación plena de todos los presos políticos.
Estas excarcelaciones, aseguran activistas, no resuelven las causas estructurales que permitieron las detenciones ni eliminan la represión hacia la disidencia.
Ciudadanos exigen la revisión de los casos
En la publicación, usuarios cuestionaron las supuestas excarcelaciones y exigieron la revisión de las personas detenidas, sobre todo en la cárcel de Tocuyito.
«Libertad para los privados de Tocuyito. Revisen esos casos, ellos son padres de familia, son inocentes. A mi esposo y a su hermano se los llevaron el 6 de agosto desde su casa. Revisen esos casos, por favor», manifestó una ciudadana.
Otra comentó: «Libertad para los privados de libertad de Tocuyito. Revisen los casos. Hay personas en mal estado de salud y no han dado libertad en ese centro penitenciario. ¿Qué pasa?».
El Ministerio Público no mencionó en su breve comunicado la reciente muerte bajo custodia de Jesús Rafael Álvarez, quien se encontraba recluido en la cárcel de Tocuyito, y a quien presuntamente se le negó la atención médica.