VENEZUELA

El Ministerio Público designó fiscales para investigar presunto «plan conspirativo» de la oposición

por El Nacional El Nacional

El Ministerio Público designó este lunes a dos fiscales para que investiguen un supuesto plan conspirativo coordinado por Leopoldo López y Juan Guaidó.

El plan tenía como objetivo el asalto de instalaciones militares en el estado Sucre.

«Con competencia nacional apenas conocimos de esta lamentable noticia (asalto de instalaciones militares en el estado Sucre). Buscaban desestabilizar el país y acabar con las navidades del pueblo venezolano», indicó Tarek Willian Saab, fiscal general de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro.

Saab reiteró que tanto Guaidó como López lideran un plan que busca desatar una guerra civil en Venezuela.

La declaración se efectuó en mediante una entrevista telefónica realizada en el programa Café en la mañana, transmitido por Venezolana de Televisión.

«Juan Guaidó y Leopoldo López son una banda que actúa de manera dual. Uno detrás de bastidores como un cobarde escondido desde la Embajada de España. Desde allí lidera toda esta acción conspirativa en contra de la paz venezolana. El otro, sirviéndole a los intereses internacionales, más cobardes, lacayos y apátridas, y buscando que se propicie en nuestro país una guerra civil«, dijo.

Agregó que ha salido a la luz pública una serie de pruebas que, a su juicio, señalan a Guaidó y a López de encabezar actos de corrupción asociados a la transnacional Citgo, así como desvío de fondos.

«A la luz pública han salido pruebas –audios y videos– que demuestran esta disputa por una botella vacía que ha hecho daño a la patria. Hemos visto cómo se han fugado divisas a través de la toma ilegal de Citgo, que han podido servir para la compra de alimentos o medicamentos.

Resaltó que dichos actos fueron denunciado anteriormente por el mismo Calderón Berti, ex embajador en Colombia designado por Juan Guaidó.

«Calderón Berti detalló paso a paso todo lo que fue develado como una trama de corrupción», dijo.

Reiteró la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados que estén «implicados en esta trama de corrupción.