El Ministerio Público anunció por medio de un comunicado oficial que se han excarcelado a 1.369 personas detenidas durante la crisis que se desató tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El texto especificó que del 26 de diciembre al 30 de diciembre se revisaron 413 medidas en el marco del proceso permanente de verificación de casos.
“En coordinación con el Poder Judicial se verificó un nuevo grupo de personas vinculadas a los hechos de violencia poselectoral a quienes se les ha solicitado revisión de medida y que se suman a las que se presentaron en etapas anteriores”, destacó el texto.
En el comunicado emitido este lunes, el fiscal general, Tarek William Saab, detalló que las 1.369 excarcelaciones se concedieron en el marco del respeto e irrestricta observancia a los principios y garantías que consagra la Constitución de la República.
“El Ministerio Público se mantiene firme en su condición de parte de buena fe, objetiva e imparcial, en pro de la defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos”, concluye el comunicado.
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Desde el pasado 28 de julio, se detuvieron a casi 2.400 personas en medio de protestas contra la reelección de Nicolás Maduro. El proceso electoral controvertido dejó un trágico saldo de al menos 28 muertes, incluyendo a dos militares. Esta situación ha generado tensiones profundas en la sociedad venezolana.
Familiares esperan más excarcelaciones antes de Año Nuevo
Los familiares de los detenidos mantienen la esperanza de que todos los presos políticos sean liberados antes de que finalice el año, permitiéndoles reunirse con sus seres queridos para celebrar las festividades.
Esta oleada de excarcelaciones ocurre en un contexto de presión tanto interna como externa sobre el gobierno venezolano por su manejo de los derechos humanos.
La comunidad internacional, junto con organizaciones de derechos humanos, sigue monitoreando de cerca la situación. Particularmente los compromisos adquiridos por el gobierno tras negociaciones previas con sectores opositores y organismos multilaterales.
Las liberaciones las han interpretado como un gesto político de cara a mejorar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional. Sin embargo, activistas y defensores de derechos humanos insisten en que estas acciones son insuficientes si no se aborda la raíz del problema: la existencia de detenciones arbitrarias como mecanismo de represión política.
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