Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional, solicitó este viernes que la ONU envíe una comisión de trabajo que investigue las detenciones arbitrarias que, afirma, cometen las autoridades venezolanas.
«Solicitamos que una comisión del grupo de trabajo realice una visita oficial al país. Esto, para que constate la grave situación en cuanto a detenciones arbitrarias y privativas de libertad que hoy sufre Venezuela», indicó Pizarro en una carta que publicó en sus redes sociales.
Pizarro, quien salió al exilio luego de que en mayo se le abriera un proceso judicial por supuestos delitos como traición a la patria, fue designado en septiembre como comisionado para la ONU por el presidente interino Juan Guaidó.
En el comunicado se refirió en especial al caso del diputado Juan Requesens. Este parlamentario está en prisión desde hace más de un año por, supuestamente, formar parte de un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Caso Requesens
Pizarro denunció que a Requesens no se le ha respetado la inmunidad parlamentaria ni el debido proceso.
«Requesens y miles de venezolanos han sufrido la represión y violación sistemática de derechos humanos como política de Estado», dijo.
En este sentido, enfatizó que el diputado ha sido víctima de violaciones de sus derechos humanos, entre las que se incluyen los tratos crueles e inhumanos a su salud física mientras que se encuentra en custodia del Estado.
Para el comisionado de Guaidó ante la ONU, Requesens debe salir en libertad inmediatamente y concedérsele el derecho a indemnización.
Asimismo, Pizarro aplaudió la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo remitió el caso del parlamentario detenido a un relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles.
La situación de los derechos humanos en Venezuela está bajo la lupa de Naciones Unidas. Esto, después de que en julio pasado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un informe en el que denunció, entre otros crímenes, más de 6.000 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas desde enero de 2018.
Bachelet recomendó la investigación de las violaciones de derechos humanos y la liberación de presos políticos, entre otras exigencias.