La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sigue de cerca la situación de la libertad de prensa en Venezuela. Está por publicarse su próximo informe. Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, aseguró que se ha evidenciado que el régimen de Nicolás Maduro intenta silenciar, de todas las formas, a los medios de comunicación en el país.
«La situación de Venezuela es grave. Como lo han mostrado informes anteriores de la SIP, no hay libertad de expresión. El periodismo independiente está en una lucha feroz y permanente por informar y denunciar lo que sucede en el país. Las ventanas que existen son portales web, que muchas funcionan desde el exterior, manteniendo un personal mínimo en Venezuela», dijo.
Detalló que los medios de comunicación no solo tienen que enfrentar la persecución, sino que además sus portales web son bloqueados, otra agresión más a un derecho fundamental como la libertad de expresión. Explicó que estas medidas no se aplican por una información en concreto, sino que son para evitar que los venezolanos reciban cualquier información diferente a la difundida por el gobierno.
«Es una demostración más de la censura que vive el país. Estos bloqueos no los hacen por una noticia en específico, sino que es con la finalidad de que no se distribuya las noticias y los ciudadanos no estén informados, y tampoco se difunda una opinión disidente al régimen», afirmó.
Otero sostuvo que los bloqueos son en contra de los medios nacionales y los medios internacionales. Puso como ejemplo el caso de Infobae, NTN24 y CNN: «Es una estrategia para silenciar las noticias en Venezuela. De hecho, el acceso que tienen los venezolanos a las fuentes de información están concentradas en VTV (canal oficial) y en otras herramientas que solo tienen una visión de los hechos».
Resaltó la importancia de que los medios de comunicación informen a los venezolanos en el exterior y a la comunidad internacional de la situación del país. «Por eso no solo censuran a los medios en Venezuela, sino que los atacan cuando están informando en otros países».
El caso de El Nacional
«En el caso de El Nacional, la plataforma del periódico ha enfrentado grandes ataques y se ha perseguido a personas que no tienen nada que ver con la línea editorial, como es el caso de la administradora o del exgerente general de El Nacional Jorge Makriniotis, que desde mediados de 2021 no trabaja para la empresa, como consta en entrevistas que se le realizaron en el momento que emitió su renuncia. Ningún gerente de un medio tiene que ver con la decisión en la línea editorial. Sus funciones son muy claras. De hecho, presentamos el acta de asamblea con el cambio de gerencia y no ha sido aceptado en las notarías. Nos dicen, de voz, que todo lo relacionado con el diario El Nacional no es aceptado y todo esto se da tras publicar los trabajos de investigación sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón», señaló Otero.
«Además, debemos advertir que se están aplicando medidas en mi contra desde el año 2017, pero ahora incluyen a Jorge Makriniotis prohibiendo cualquier proceso de enajenar y grabar cualquier inmueble y una medida de prohibición de salida del país. Lo incluyen en las medidas en mi contra, aunque no tienen justificación para involucrarlo», agregó.
«Las investigaciones que hace El Nacional son, en su gran mayoría, con periodistas que no están en el país. Sin embargo, igual tratan de amedrentar a los comunicadores que laboran en Venezuela y a los familiares de los que están fuera del país. Esa es una práctica soviética, de los países comunistas. La mitad de nuestros periodistas están fuera, los que hacen las investigaciones están fuera del país y quien dirige el periódico y maneja la línea editorial, que soy yo, con mi cargo de presidente editor, estoy afuera», señaló.
Sostuvo que el medio sigue comprometido con sus trabajadores y brindando el mayor apoyo posible.
Explicó que los ataques al periódico han sido documentados y presentados ante la Corte Penal Internacional, con motivo del plazo que abrió el organismo para que ciudadanos presentaran denuncias contra el gobierno de Maduro. Puntualizó que en el caso del diario se presentó la denuncia de manera individual y como empresa.
«El Nacional sigue en la lucha por la democracia y la libertad de expresión. Todos los atropellos que se han cometido y que se indican están siendo registrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el régimen se ha salido del Sistema Interamericano», indicó Otero.
«Además, el caso de El Nacional lo incluí en las más de 2.000 denuncias que se presentaron en la Corte Penal Internacional», agregó.
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