Las restricciones impuestas por los países de la región contra los migrantes venezolanos generan xenofobia, abusos y discriminación, afirmaron expertos. Para ellos, es importante que los Estados garanticen el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica de la población migrante.
«La incertidumbre jurídica genera xenofobia, rechazo y criminalidad. La vulnerabilidad implica bajos salarios y trabajar en condiciones de desprotección«, indicó Fernando Lozano, investigador mexicano de la Universidad Autónoma de México.
Lozano, junto a investigadores de 11 países, realizó la recopilación de datos para el libro Crisis y migración de la población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica. Está en el país para participar en el foro Horizontes de la migración venezolana: retos para su inserción laboral en América Latina, que se celebrará el 27 de noviembre en la UCAB.
Dijo que la migración venezolana en los últimos cuatro años pasó a ser, lo que algunos investigadores definen como, «una migración de desespero». Esto, producto de la crisis social, política y económica que hoy vive la nación. Este éxodo, indicó, ha significado una presión muy seria para países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que no estaban preparados para recibir migrantes venezolanos.
«Se ha expedido una serie de permisos para estancias temporales, que tristemente están venciéndose. Los Estados están siendo cada vez menos flexibles y hacen cada vez más rígidas las políticas migratorias hacia la población venezolana», recalcó.
La situación de los connacionales en América Latina es muy diversa, continuó, debido al estatus migratorio en el que se encuentran. No obstante, recordó que la falta de certidumbre jurídica, de un papel que indique si es turista, residente permanente o temporal, los hace vulnerables.
Perfil del migrante
Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB y coordinadora de Encovi, señaló que la migración venezolana sufrió una transición en los últimos cinco años. Pasó de ser una diáspora calificada, de ciudadanos con estudios universitarios, a ser una migración masiva, de personas que no culminaron estudios de bachillerato.
«En décadas pasadas la migración era calificada, más de 60% de la población tenía título de educación universitaria o más. 40% de la población reciente pertenece a los estratos menos aventajados, con educación más baja», subrayó.
Otra de las características de la población que migró de 2013 a 2018 es que tiene edades comprendidas entre los 15 y 29 años. «La población en edad de trabajar más joven dentro de la estructura demográfica», agregó.
- Migración venezolana en Perú tiene más años de educación que el promedio de la población de ese país
Las medidas migratorias para venezolanos se han vuelto más rígidas en los últimos meses, por lo que los primero migrantes lograron alcanzar cierta estabilidad. Sin embargo, este escenario no es el mismo con el que se encuentran los migrantes recientes. Estos pueden ser víctimas de tratas de personas, de grupos irregulares que hacen vida en la frontera o de narcotraficantes.
«Les dan entrada pero les exigen requisitos que son inalcanzables. Una carta de antecedentes apostillada, por ejemplo, tiene costos que los migrantes de escasos recursos no pueden pagar», precisó.
Tasa de rechazo
Lozano indicó que la primera oleada de migrantes fue recibida con programas extraordinarios, que actualmente puede ser incluida nuevamente en una situación de incertidumbre ante la renovación de documentos.
La población que emigra actualmente realiza muchos sacrificios y sigue un itinerario buscando oportunidades para establecerse. A diferencia de los migrantes mexicanos, los venezolanos tienen mucha conciencia jurídica, mencionó.
«Están aprendiendo a ser migrantes en un contexto en el que las leyes migratorias tienen características dobles, son benevolentes porque te reciben pero también hay muchos abusos», afirmó.
Señaló que en México existe una tasa de rechazo de 4%, que equivale a 40.000 venezolanos a los que se les han cerrado las puertas. «Llegan a Ciudad de México o Cancún y sin mediar ningún proceso, si el agente migratorio percibe que se puede quedar, es rechazado. No puede entrar al país, se le rechaza», relató.
«Es un abuso, es ilegal. A ningún venezolano, menos en las circunstancias actuales, se le puede rechazar su ingreso a México, a menos que sea un criminal», agregó.
Afirmó que actualmente el migrante es una persona de escasos recursos, lo que quizá incide en el trato que recibe en el exterior. «El rechazo no es al inmigrante, es al pobre. Es aporofobia», resaltó.
Beneficios
Para los países receptores, los migrantes calificados pueden representar una oportunidad, indicó Freitez, si les brindan la posibilidades migratorias de insertarse. «Si se consiguiera su incorporación efectiva en el mercado de trabajo en las ocupaciones para las cuales se formaron, sería un beneficio», agregó.
Un ejemplo, mencionó, es el caso colombiano, donde venezolanos profesionales en la industria petrolera contribuyeron a duplicar la producción de petróleo de Colombia en cinco años.
La población migrante también sale beneficiada, dado que el contexto económico y político no le brindaría posibilidades en el país. «No podrían estar contribuyendo en sus hogares para mejorar la situación económica, cosa que sí pueden hacer, logrando alguna inserción en otra nación», indicó.
De acuerdo con Encovi, alrededor de 500.000 hogares venezolanos recibían remesas en 2018. «Si lo multiplicamos por la cantidad promedio de habitantes por hogar, estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas que se están beneficiando de esa ayuda», destacó.
Para Venezuela, en cambio, la migración es perjudicial, debido a la pérdida de una población en la cual se invirtieron importantes recursos para su capacitación.
«No estás generando oportunidades para que ella se incorpore, se quede aquí y contribuya con el desarrollo. Se pierde la disponibilidad de mano de obra calificada si se quisieran reactivar ciertos sectores productivos, que han estado contraídos”, manifestó.
Medidas
Los expertos coincidieron en que no existe un panorama que indique que el éxodo venezolano va a disminuir, debido a que persiste la crisis económica y política.
Al respecto, dijeron que los países de la región deben tomar conciencia y adoptar medidas migratorias basadas en los principios de derechos humanos e internacionales.
«¿En qué condiciones se va a dar esta migración? ¿Con menor flexibilidad y mayor restricción? Eso es lo que en los hechos está pasando. Los venezolanos van a seguir migrando en condiciones de mayor riesgo, de clandestinidad. Este escenario no es el más alentador», manifestó Lozano.
A su juicio, la única garantía de evitar, además, la criminalización de la migración, es otorgándole certidumbre jurídica a los migrantes. «Muchos políticos, más ligados al gobierno y a grupos conservadores, tienden a culpar a los migrantes venezolanos de la criminalidad. Lo que hay que tomar en cuenta, es que estos países también tienen condiciones de pobreza muy fuertes y serios”, enfatizó.
@ebritop22