Desde el aire, la pista de aterrizaje de Capurganá parece marcar el fin del pueblo. Detrás de esa carretera angosta –la única pavimentada en todo el corregimiento– se levantan las primeras montañas del tapón del Darién, un bloque vegetal selvático de casi 600.000 hectáreas que parece intransitable.
Hasta ese punto, en plena frontera entre Colombia y Panamá, han intentado llegar en lo corrido de este año más de 42.000 migrantes extracontinentales, como se les conoce a las personas de Haití, Cuba, países africanos y asiáticos que van camino a Estados Unidos de forma irregular.
“En unas partes, la loma es tan dura que toca ir gateando: si usted se para, se cae. Y hay tramos en los que usted avanza un paso y se devuelve dos. Eso si no está lloviendo, porque ahí sí más de uno se queda enterrado. Súmele cargar las maletas, el calor, la humedad, los animales y los grupos que andan por ahí”.
Así describe la ruta que deben sortear los migrantes un nativo de Capurguná, corregimiento de Acandí, Chocó, reconocido como un paraíso por los más de 80.000 turistas que lo visitaban cada año antes de la pandemia, por sus playas de rocas gigantes y aguas multicolor, pero que, para quienes quieren llegar a Norteamérica, es el punto de partida del tramo más peligroso de su periplo.
El año pasado, Migración Colombia detectó en el país 3.638 migrantes extracontinentales, y este año van 42.091.
Del total de extracontinentales identificados en 2021, 37.124 (87,5%) eran haitianos. La cifra, que incluye los ingresos en los primeros 7 meses del año, se multiplicó por 11 frente a los 12 meses de 2020, cuando la entidad registró el paso de 3.175 personas del país caribeño por Colombia.
“Estas personas no están migrando por gusto, sino por necesidad. No es una migración que salió recientemente de la isla: son hombres, mujeres, familias completas que abandonaron Haití a comienzos de la década pasada, en parte por las condiciones de pobreza de la isla y como consecuencia del terremoto del año 2010”, explica Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
Tras el desastre natural, que dejó 316.000 muertos en Haití y más de un millón y medio de damnificados, el éxodo de sus ciudadanos se incrementó. Varios llegaron a países como Brasil, que otorgó cerca de 40.000 visas humanitarias, y a Chile.
Pero el cambio de políticas migratorias y los embates en sus economías han vuelto a impulsar a los haitianos a tomar nuevo rumbo, y Estados Unidos es el predilecto. Éxodo disparado
En 2016, cuando Brasil tuvo una de sus peores recesiones, se presentó uno de los mayores flujos. Ese año, 20.366 haitianos fueron detectados transitando por Colombia. Y este 2021, otro de los factores que estarían influyendo en la migración extracontinental es el programa de reunificación familiar para los haitianos que puso en marcha Estados Unidos.
Más de 115.000 migrantes irregulares
Este programa permite que ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes legales puedan pedir un permiso especial para el ingreso de sus familiares haitianos. Muchos se han anticipado a los trámites y han emprendido su travesía.
Entre 2016 y 2021, sin contar a los migrantes venezolanos, por el país han transitado 115.155 extranjeros de forma irregular. De ellos, 60% provenía de Haití; 17% de Cuba; 5% de India, 3% de Camerún; 2% de Bangladés y, en igual porcentaje, de Nepal.
Esos 6 países, ubicados en 3 continentes distintos, representaron casi 90% de la migración extracontinental que trata de cruzar hacia Panamá y llegar a Estados Unidos.
Pero, sin duda, este año el fenómeno está disparado: entre enero y agosto fueron detectados 42.091 de los más de 115.000 migrantes que han hecho tránsito desde 2016.
En otras palabras, solo en 2021 ha llegado 37% del total de los últimos cinco años. Los extranjeros hacen una travesía por Suramérica hasta llegar a Ipiales, Nariño, o San Miguel, Putumayo, desde donde arrancan dos de las principales rutas terrestres identificadas, cuyo puerto es Necoclí, Antioquia.
Eddy es un haitiano que está varado en Necoclí y solo podrá seguir su camino el 6 de agosto por falta de lanchas | Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO
Las consecuencias de la explosión del éxodo se han sentido, sobre todo, en ese pueblo: a finales de julio se represaron 15.000 migrantes.
Desde Necoclí salen las lanchas que atraviesan el golfo de Urabá hasta Acandí, el último pueblo de Colombia en el límite con Panamá e inicio de la travesía por el Darién.
“Por semana llegan entre 2.500 y 3.000 migrantes al municipio, pero no tocan el casco urbano. Llegan a un barrio y se montan en motos, carros o tractores hasta la vereda Capitán, donde hay un campamento desde donde empiezan la caminata”, cuenta Alexánder Murillo, alcalde de Acandí.
¿Deben ser devueltos?
Paradójicamente, la mayoría de migrantes extracontinentales que llegan a Colombia provienen de países que requieren visa en el territorio nacional. Pese a esto, la política del gobierno ha tenido como premisa la solidaridad, según explica Espinosa: “Cuando se tiene una necesidad, más allá de los obstáculos que se pongan, se busca la forma de suplirla. En el caso de la migración, una frontera cerrada o la imposición de visados no es una limitante para aquel viajero que por necesidad requiere atravesar el territorio nacional”.
Esa situación explica por qué estas personas no son devueltas a sus países, aun cuando son identificadas. “Cualquier extranjero que ingrese o permanezca de forma irregular está sujeto a sanciones administrativas de expulsión o deportación. Pero hacerlo así supone no analizar por qué estas personas están migrando, que hay muchas que salen por violencia y que huyen de su país para protegerse, caso en el cual serían refugiadas”, explica Carolina Moreno, directora del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes.
Según los registros de Migración Colombia, de las 1.590 personas expulsadas o deportadas en lo corrido del año, 311 eran haitianas. Para el director de la entidad, esta “es una migración de tránsito que, a diferencia de la venezolana, cuenta con ingresos económicos para su manutención y que por ello son posibles víctimas de explotación por parte de algunos avivatos”.
El gobierno se contradice con el tema de las fronteras.
Stephania López Villamil, investigadora del grupo de Migraciones y Desplazamiento de la Universidad Nacional, asegura que “hay una contradicción del gobierno en abrir las fronteras aéreas, pero permanecer con las terrestres cerradas. Al no poder transitar por pasos oficiales, muchas veces tienen que recurrir a traficantes y al hacerlo, en algunos casos, se exponen a trata de personas, explotación sexual o laboral”.
Y agrega que para darle respuesta al flujo migratorio hay que considerar que estas personas son sujetos de protección internacional y que, además de los actos de discriminación y restricciones que sufren en otros países, muchos de ellos salen de sus sitios de origen por cuenta de situaciones de conflicto, pobreza o incluso tienen que huir como refugiados políticos.
Para López Villamil es urgente “buscar acuerdos de cooperación entre países para crear corredores humanitarios” que garanticen el tránsito seguro de los migrantes.
En eso concuerda con Carolina Moreno, del CEM, quien afirma que es necesario que Colombia tenga una política de atención específica para estos migrantes. “Las acciones se han enfocado sobre todo en la población venezolana y es preocupante que la migración extracontinental sea invisible.
Viene de hace muchos años y representa retos adicionales, como que estas personas, en su mayoría, no hablan español y hay que garantizarles su derecho a la traducción oficial. Además, hay un alto porcentaje de niños no acompañados y separados de sus padres, por lo que la cuestión no es solo dejar pasar a los migrantes, sino definir cómo los vamos a atender”, asegura.
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