Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, afirmó este jueves que la reforma del sistema de justicia en Venezuela es un paso prometedor que puede conducir a una transformación institucional significativa.
Durante la actualización oral del informe sobre los derechos humanos en Venezuela, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que en los últimos seis meses ha habido algunas iniciativas que abren oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos.
Restructuración de la policía nacional
Resaltó la restructuración de la Policía Nacional Bolivariana -una medida que no ha sido anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro-, el freno al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas adoptadas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales.
«Además, saludo la extensión del plazo para las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, que ha permitido un mayor número de candidatos. Este proceso es una oportunidad para fortalecer la independencia del Poder Judicial de Venezuela», manifestó la funcionaria.
Instó a las autoridades de Venezuela a que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesionales de los candidatos en el proceso de selección. Las reformas policiales y judiciales, afirmó, deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repitan.
«Mi equipo está disponible para acompañar estos esfuerzos», afirmó.
Memorando de entendimiento con la CPI
Bachelet dijo que la celebración por el gobierno de Maduro de un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es otra oportunidad para que demuestre su compromiso con la lucha contra la impunidad, a través de una acción procesal y judicial rápida, genuina y eficaz.
Comunicó que Tarek William Saab, fiscal general del chavismo, otorgó a su equipo acceso a algunos expedientes relacionados con violaciones de derechos humanos y a una audiencia judicial, y manifestó que confía en que esa flexibilización aumente pronto.
«Queda mucho por hacer»
La expresidenta de Chile expresó asimismo que desde septiembre, cuando presentó la última actualización del informe sobre Venezuela, ha observado que se han condenado agentes estatales en tres casos emblemáticos, entre ellos el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
«Son pasos en la dirección correcta, pero aún queda mucho más por hacer. Mi oficina ha colaborado con las autoridades competentes para fortalecer el marco jurídico para la prevención y la sanción de la tortura», afirmó.
Expresó que siguen observando los desafíos del debido proceso, incluido el derecho a la libertad, a los juicios sin demoras indebidas y a una defensa de propia elección. Señaló que, de los casos individuales planteados desde hace 6 meses, 18 personas quedaron en libertad, 6 permanecen detenidas pese a contar con boletas de excarcelación y 22 solicitan su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención.
12 detenidos arbitrariamente
«De los casos recibidos por el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, 12 personas siguen detenidas. Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben estar en libertad y deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas», expresó.
La alta comisionada de las Naciones Unidas resaltó que las personas detenidas deben tener acceso a una atención de salud adecuada.
Restricciones, criminalización y amenazas
Desde septiembre, la oficina de Bachelet ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas.
«Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG Fundaredes, dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, sigue detenido y su salud parece deteriorarse», advirtió.
Bachelet señaló asimismo que registran 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por agentes del estado en redes sociales o discursos públicos. «Insto fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela», agregó.
También afirmó que documentaron el cierre de 8 estaciones de radio y programas de radio durante el año pasado, presuntamente por orden de Conatel; al menos otros 13 casos similares fueron reportados por organizaciones de la sociedad civil y se ha bloqueado el acceso a los sitios web de 7 medios de comunicación.
«El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes y las libertades de los medios de comunicación deben protegerse«, manifestó.