Treinta y un expresidentes de repúblicas hispanoamericanas y tres expresidentes del gobierno de España han denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI) al régimen de Nicolás Maduro y con un expreso señalamiento al Ejército venezolano. En representación de todos ellos ha comparecido en la Corte el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. Entre los firmantes están Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, pero no José Luis Rodríguez Zapatero.
En la demanda se dice expresamente que «Nicolás Maduro Moros, dictador y ahora militar efectivo y Comandante en Jefe, tanto como las unidades operacionales bajo su mando son, evidentemente, los directos responsables de las prácticas represoras y del contexto dominante de terrorismo de Estado advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y configurativas de crímenes de lesa humanidad, quedando comprometido todo el personal militar operacional.
Todavía más cuanto que, por encima de los órganos constitucionales y regulares del poder público –que tácitamente han quedado desmaterializados e inoperantes por virtud de la Ley Constitucional militar en cuestión– el Comando Estratégico Operacional se ha reservado, entre otras funciones, la restitución del orden interno, fungir como policía administrativa y de investigación penal, y hasta coordinar a las autoridades civiles.
Cpi Venezuela Idea Def-1 by Irene Martel
En suma, nada pasa ni ocurre en Venezuela, como las prácticas de terrorismo de Estado concretadas en la continuidad de la ejecución de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos constitutivas –cabe enfatizarlo– de crímenes de lesa humanidad, según los describe el Estatuto de Roma, sin que sean la obra del andamiaje militar del régimen represor militar encabezado por el oficial militar Nicolás Maduro Moros, Comandante en Jefe y cabeza de la línea de mando operacional».
La Ley Constitucional militar a la que se refiere esta parte del escrito está citada anteriormente en la denuncia en estos términos: «Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sancionada el 29 de enero de 20203 (Gaceta Oficial Nro. 6.508 Extraordinario, del 30 de enero de 2020), que suscribe como presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente el actual ministro del interior y de justicia, el militar Diosdado Cabello Rondón, Maduro Moros detenta constitucionalmente y desde entonces la condición de militar activo, con derecho a insignias, Estado Mayor, y a un ejercicio directo de esas funciones militares en el campo operacional, separadas de las competencias propias del Presidente de la República –el mismo Maduro Moros– y en su relación orgánica con el ministerio de defensa».
Tras su reunión con la Fiscalía, Andrés Pastrana compareció e hizo esta declaración: «Más de 30 expresidentes de América Latina y España, reunidos en el grupo IDEA, estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente. Éste es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas.
Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional un claro documento que demuestra como Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado.
Esto implica a Nicolas Maduro y Diosdado Cabello: son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy le solicitamos al Fiscal de la CPI su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la CPI. Cumplida la fase previa he solicitado la captura y detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello al igual que toda la cadena de mando
Bien dice el Estatuto de Roma en sus considerandos que ‘que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad’ y que ‘los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo’.
Según estos principios consideramos urgente la intervención de la CPI en el caso de Venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el estado militarista de Venezuela».
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