La Fundación El Amparo, junto con organizaciones filiales en Cúcuta, el Comité Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y VenAmerica, documentaron 919 víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en 206 de los formularios enviados a la Corte Penal Internacional (CPI) a través de la sección de participación y reparación de las víctimas de la Secretaría.
La CPI informó que recolectó hasta el 7 de marzo más de 2.000 opiniones y preocupaciones de víctimas venezolanas por presuntos crímenes de lesa humanidad para el caso Venezuela I.
Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, señaló que desde el 5 de diciembre se encuentran recopilando los casos, con base en su memoria histórica y jurídica.
“Trabajamos con la Fundación Deredez, la Asociación Civil Unidos Por un Mismo Fin y la Red Humanista en Cúcuta, y conjuntamente se recopiló información de más de 236 víctimas de deportaciones forzosas del barrio La Invasión en San Antonio del Táchira en agosto del 2015, y otras 87 víctimas del crimen de deportación en el resto del país, que suman la cantidad de 323 víctimas de un total de 24.500 deportados, según el Registro Único de Damnificados (RUD) del gobierno de Colombia”, explicó a Diario Los Andes.
Entre los casos también se encuentran los asesinatos ocurridos durante las protestas populares en el Táchira de los años 2014 y 2017, la masacre de La Fría en 2014, la masacre de El Ripial en 2021 y el asesinato de Carlos Manuel Tarazona.
Asimismo, documentaron el crimen de exterminio, por la privación de alimentos y medicinas en Venezuela, de lo que se remitieron 146 casos de diputados jubilados y pensionados de la Asamblea Nacional.
La fundación registró el crimen de encarcelación durante las protestas populares en el Táchira en el año 2014; los colombianos acusados de paramilitares por Nicolás Maduro en el año 2016; los encarcelados en la población de La Victoria en Apure a partir del 21 de marzo de 2021 y también los detenidos en Elorza en el Alto Apure en 2021.
De la misma forma, documentaron la persecución contra varios periodistas en las protestas populares de los años 2014, 2017 y 2019, así como el trato discriminatorio, étnico y racial contra los tres diputados electos de Amazonas y Apure en diciembre del 2015 y el trato discriminatorio étnico al cercenarles los derechos electorales a los pueblos indígenas de Venezuela, por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 05 de junio del año 2020.
Márquez señaló que pese a que en Venezuela fue bloqueado el acceso a la página oficial de la Corte Penal Internacional, la Fundación El Amparo realizó un amplio trabajo de recopilación, sistematización, documentación y remisión a la VPRS.
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