Más de 30 organizaciones de la Alianza de los derechos humanos en los Llanos y el Táchira, encabezada por la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), solicitaron a la Comisión del Alto Comisionado de la ONU (Acnudh) en Venezuela un monitoreo exhaustivo.
Roland García, director ejecutivo de Fundehullan, planteó la necesidad de que se brinde un seguimiento minucioso a la realidad que la gente afronta en el interior del país.
«Sabemos que vienen realizando un trabajo importante en Venezuela, pero no es suficiente. Por eso la labor de documentar la realizamos desde las diversas organizaciones donde el gobierno vulnera los derechos civiles y políticos. En el último trimestre del año 2022 hubo un incremento de 16,7% de criminalización de gremios, sindicato y ONG por funcionarios de seguridad», expresó García.
Organizaciones formulan petición a la Acnudh
El activista destacó que debe cesar la criminalización de los defensores de derechos humanos, líderes sindicales, organizaciones no gubernamentales y actores humanitarios en el país.
Nayarí González, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, denunció la vulneración a la libertad de expresión con el cierre de más 70 emisora de radio. Señaló que esta situación deja sin espacios para informar, educar y entretener a la colectividad.
«El cierre de las emisoras es la falta de renovación de concesiones, que vulnera el derecho a estar informado, el derecho al trabajo», manifestó.
Añadió que eso afecta a las familias cuando «su medio de sustento es a través del desempeño de los medios de comunicación».
«Exhortamos a la Comisión de la ONU a evaluar está situación en la región de los Llanos y los Andes de Venezuela», dijo.
Sueldos mínimos
Andrea Parra, vocera de la Alianza de Derechos Humanos de los Llanos, señaló que las condiciones de los trabajadores son mínimas, con un sueldo de 130 bolívares, que hoy equivalen a 7 dólares.
Parra apuntó que los bajos salarios imposibilitan que los ciudadanos logren cubrir las necesidades básicas y los obligan a estar en una pobreza extrema. En Venezuela, dijo, los entes gubernamentales cuentan con convenciones colectivas que son ley entre las partes pero son vulneradas por el patrono.
Las organizaciones insisten en profundizar el monitoreo en los estados, más allá de la realidad que pueda mostrarse en Caracas.
Añaden que existen condiciones de vulnerabilidad que afectan la dignidad humana y que debe documentar la Acnudh.
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