La Red Naranja, integrada por organizaciones, activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela, publicaó un comunicado con el fin de exigirle al régimen de Nicolás Maduro cumplir con sus obligaciones para erradicar la violencia contra las mujeres en el país.
El escrito lo difundieron ante las innumerables denuncias públicas formuladas por las víctimas y sobrevivientes en redes sociales durante los últimos días. En las plataformas se han viralizado casos múltiples de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela. «Señalamos nuestra profunda preocupación ante esto y hacemos un llamado urgente a la acción», escribieron.
En el comunicado se afirma que las instituciones del Estado continúan impidiendo a las mujeres el disfrute de su derecho a una vida libre de violencia. «Esta situación se ha visto agravada por la crisis institucional y humanitaria y por la actual pandemia», explicaron.
Y agregaron: «Ante la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela y la desprotección de las mujeres, exigimos que las víctimas puedan tener acceso a la justicia».
Los firmantes, entre los cuales figuran 101 organizaciones y 131 personas, exhortaron a que se cumpla con la debida diligencia en las investigaciones, sin que medien estereotipos o prejuicios de género. Las investigaciones, aseguraron, deben efectuarse sin prácticas discriminatorias que ejerzan funcionarios.
«A su vez, pedimos que se escuche a las víctimas y no se revictimicen con juicios de valor que replican dinámicas de poder arraigadas en la sociedad», solicitaron.
En el comunicado, además, piden que las acciones se centren en crear políticas de prevención y medidas efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres. De esta forma se evitará la repetición de acciones de violencia machista en territorio nacional.
«El Estado venezolano está obligado a garantizar el derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Se debe hacer a partir de la no estereotipación de los roles de género y promoción de la igualdad y el respeto», expresaron.
Peticiones por cumplir
Por todo lo anterior, los firmantes del documento solicitan al régimen cumplir con sus obligaciones suscritas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); la Constitución de la República, y la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras.
Asimismo, pidieron que se promuevan espacios libres de violencia mediante las necesarias políticas de educación y campañas de concientización. Además, consideran necesario crear un sistema de reunión de datos estadísticos transparentes y públicos sobre la violencia contra las mujeres en el país.
«Se deben investigar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres por razones de género, de forma imparcial. Asimismo, es importante que el Estado ofrezca a las mujeres una protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido», exigieron.
Por último, afirmaron que el único paso para la erradicación de la violencia es que el Estado atienda sus responsabilidades. «Hacemos un llamado a los órganos nacionales como Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género, institutos y unidades estadales y municipales con responsabilidad en materia de género; Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer; defensorías estadales y municipales correspondientes, a que cumplan sus obligaciones de velar por el ejercicio efectivo de la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia», concluyeron.
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