Nicolás Maduro ha intensificado su brutal sistema de represión con la complicidad de «soplones anónimos» que delatan a los opositores que protestan o se expresan en las plataformas digitales en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, considerados un fraude por la comunidad internacional. Son una especie de policías políticos.
Esta táctica, que se utilizó con intensidad en la convulsionada Venezuela de 2017, se ha vuelto aún más agresiva y busca silenciar a la disidencia al generar un clima de miedo, con la vigilancia permanente de los ciudadanos que reclaman un cambio político.
Como excusa, el régimen socialista asegura que intenta garantizar la paz en Venezuela, criminaliza las manifestaciones y acusa de «terroristas» a quienes se manifiesten en su contra.
Un Estado «policial y militar»
El periodista y defensor de derechos humanos Oscar Murillo, coordinador general de Provea, analizó para El Nacional cómo el gobierno desarrolló un sistema de vigilancia y represión en «el marco de un Estado policial y militar», utilizando las redes sociales para identificar, estigmatizar y perseguir a quienes expresan opiniones contrarias.
Desde 2017, esta ONG ha documentado detenciones y ejecuciones extrajudiciales de personas etiquetadas como golpistas y conspiradoras, y la vigilancia en las plataformas digitales, indicó Murillo, se suma a los mecanismos para condicionar las ventas de bolsas de productos de los CLAP y del gas doméstico, o el subsidio directo para así mantener una clientela política.
Explicó que lo que ha cambiado recientemente es la intensificación y la institucionalización de estas prácticas, promovidas incluso por Nicolás Maduro, quien puso a disposición la aplicación móvil VenApp para que los militantes del chavismo «denunciaran y hostigaran» a opositores.
«Este enfoque represivo, que ha sido un elemento constante pero se ha vuelto más intenso, es ahora parte de una estrategia para aplastar el descontento social y la crítica política», afirmó el defensor de derechos humanos.
El Estado, el «padre» que castiga
El sociólogo Marcel Valentine dijo que se debe considerar que la delación puede ser no forzada o producto de la coacción porque algunas personas podrían hacerlo por voluntad propia, aunque cuestionó cuál podría ser la motivación.
Sugirió que, en un sistema socialista, el Estado se convierte en la principal fuente de apoyo y estructura social. En este contexto, asume un rol similar al del padre en el sentido de que proporciona, educa y, al mismo tiempo, castiga. Este castigo, según él, es discrecional y se basa en la lealtad.
Militares detienen a ciudadanos durante una protesta en Caracas, un día después de las elecciones presidenciales | Foto AFP
«Ahora, lo que sucede es que el Estado socialista mina a la familia, a la iglesia, a la escuela, a la comunidad, pero no es que va a ocupar sus lugares, sino que absorbe sus funciones con una intencionalidad política. Por un lado, hay unos lazos que se rompen, que son los lazos sociales en determinadas instituciones, y por otro, hay un lazo que se refuerza, que es un lazo que termina siendo de dependencia con el Estado», explicó.
«Como en todo lo que toca el socialismo, lo que se comete es una perversión con el señalamiento de personas inocentes solo por su posición política», expresó.
Para Maduro es fundamental «callar» la democracia
Jesús Castellanos, politólogo, destacó que el gobierno intenta reducir la protesta a través de un esquema de férrea y cruenta represión porque la fuerza es su principal recurso, a pesar de que «sabe» que la movilización ciudadana demuestra el rechazo abierto a los resultados electorales anunciados por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Además, de acuerdo con Castellanos, se evidencian la presión social nacional por restituir la voluntad popular y las dificultades de cualquier ejercicio de gobernabilidad que Maduro intente generar.
«Adicionalmente, la protesta muestra la fuerza interna del movimiento democrático entre los venezolanos y frente al mundo. Eso para el régimen es fundamental callarlo», manifestó a El Nacional.
Asimismo, el coordinador de Provea recordó que la persecución política es considerada un crimen de lesa humanidad y que es investigada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
«Esta práctica, que de hace bastante tiempo forma parte del repertorio represivo, se intensifica en los ciclos de protestas o escenarios de alta conflictividad social, pero en esta nueva etapa se ha hecho más intensa y peligrosa. Por lo tanto, este mecanismo de represión, de amenaza, de hostigamiento, deja al descubierto que en Venezuela hemos entrado en un escenario donde hay, de facto, la suspensión de unos derechos para favorecer una política represiva que busca aplastar el descontento social y la indignación ante unos resultados que no terminan de convencer a la mayoría del pueblo venezolano», dijo.
Los delatores, una estrategia «tremendamente efectiva»
Marcel Valentine reconoció, por su parte, que la estrategia de delatores es «tremendamente efectiva» y afirmó que no tiene dudas de que conseguirá su objetivo.
«Se ha demostrado múltiples veces a lo largo de la historia que es una estrategia efectiva porque esta es una especie de reforzamiento negativo de la conducta social. En términos cuantitativos, lo que están haciendo es multiplicar la capacidad de vigilancia del aparato de terror estatal. Entonces, el Estado que vigila pasó de algunas decenas de miles de policías a casi 1 millón de policías, o más de eso», señaló.
«Se multiplicó la policía política, facilitada además por la digitalización de los datos, que lo hace incluso peor, incrementa la maldad. Ahora lo que va a haber es un policía político por cada calle o menos, pero no es casual. Esto se ha ido construyendo a lo largo de los años y hay una intencionalidad que está detrás», añadió el sociólogo.
El «terrorismo de Estado» era cuestión de tiempo
Valentine expuso que el terrorismo de Estado en la modernidad se configura como una estrategia política cuya única función es propagar el miedo en gran parte de la población.
Este enfoque, agregó, se ha observado de manera similar en varias naciones donde el objetivo central es infundir terror para consolidar el control y suprimir la oposición.
Foto AFP
Recordó que el terrorismo en general es una estrategia de guerra utilizada por grupos minoritarios que buscan influir en grandes masas de la población para lograr cambios en ciertas políticas.
El sociólogo aplicó esta definición al contexto del «Estado socialista venezolano».
Observa que el grupo que sostiene el poder es «francamente una minoría» y, además, se «reconoce a sí mismo como una minoría». Dado este contexto, Valentine sugirió que recurrir al terrorismo por parte del chavismo era cuestión de tiempo.
Maduro ya ha ensayado «cosas todavía peores»
«Yendo más allá, diría que han ensayado de múltiples maneras, no solo esto, sino cosas todavía peores. Lamentablemente, cierta inocencia política, de nuestros líderes y de aquellos que se arrogan cierto pedigrí intelectual, ha venido muy acorde con esta frase que se decía hace 20 años que Venezuela era Cuba. Ciertamente Venezuela no es Cuba hoy, pero cada día estamos más cerca de serlo«, manifestó.
La conclusión de Valentine es que esto afectará seriamente no solo la participación ciudadana en la protesta, sino las posibilidades de ejercer «la tan asediada y bombardeada» libertad de expresión ciudadana.
El politólogo Jesús Castellanos respaldó que la «represión feroz» del madurismo esté generando un temor razonable en la población. Eso incluye las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las violaciones de los derechos humanos.
De allí, puntualizó el experto, se genera la tensa calma en la que se ha vivido desde el 29 de julio, sin embargo, resaltó que pese a ello los ciudadanos siguen atentos y movilizados.
«El triunfo es innegable y la población venezolana sabe que se tienen las pruebas y que el régimen ha intentando, a través de su ventajismo institucional, desconocer la voluntad popular. Eso produce un clima social muy complicado de difícil resolución, inclusive así se mantenga la fuerza como mecanismo de orden», indicó.
¿Dónde ocurrió la mayoría de las protestas en Venezuela?
Oscar Murillo señaló a El Nacional que la mayoría de las protestas que ha registrado la ONG se produjeron en zonas populares de Caracas y otras ciudades de Venezuela.
Por eso, explicó, es previsible que la violencia institucional sea más intensa y menos documentada debido a las dinámicas propias de esas comunidades y a la elevada censura impuesta por las autoridades.
«Nos preocupa que en los próximos días se sigan produciendo nuevos operativos policiales y militares como mecanismo de castigo, y a esto se le sumarían situaciones masivas de discriminación por razones políticas con consecuencias en materia de asistencia alimentaria y también en el ámbito laboral», manifestó.
Incluso, la ONG ya registra casos de hostigamiento a trabajadores, de amenazas de despido y de desmejoras en los cargos.
Habitantes de Petare en una vigilia por la paz de Venezuela tras las elecciones presidenciales | Foto AFP
«Por eso, saludamos el pronunciamiento de la Misión de la ONU para investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que ha llamado esto que ha ocurrido en Venezuela ‘una avalancha de violaciones de derechos humanos’. Un caso inédito en la historia reciente de América Latina, a juzgar por el número de detenidos reconocido, y reconocido con pompas, con propagandas, por Maduro y el fiscal», advirtió.
Los venezolanos, desprotegidos y vulnerables
Según Murillo, las comunidades están muy desprotegidas y en una situación de vulnerabilidad, no solo donde se han producido y se pueden producir más operativos policiales, sino el pueblo venezolano en general.
«Porque cuando desaparecen los elementos básicos de un Estado de derecho, de un sistema democrático, de social y de justicia, como lo dice la Constitución, todos los ciudadanos estamos en una situación de indefensión ante un Estado que, en vez de garantizar tus derechos, es el principal elemento distorsionador, motivador y ejecutor de una política que va en contra de tus derechos», afirmó.
Por lo tanto, señaló el defensor de derechos humanos, es una situación lamentable.
Destacó asimismo que por estas razones comparten la visión de la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de detener la represión y de liberar a todas las personas detenidas por razones políticas.
«Creemos que definitivamente la profundización de la crisis institucional, que tiene como punto de partida la extinción del Estado de derecho y la falta absoluta de independencia de los poderes públicos, hace imposible detener los abusos y afrontar la verdad electoral del 28 de julio. Por eso insistimos en que la crisis solo tendrá salida cuando la demanda de justicia e igualdad de derechos sean escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional», señaló.
Con la represión Maduro queda más expuesto
Jesús Castellanos, quien tiene amplia experiencia en temas electorales, cree que el régimen de Maduro, con prácticas como la delación, queda aún más expuesto desde el punto de vista internacional.
En el caso de la Corte Penal Internacional, subrayó, ya debe haber un capítulo post electoral de nuevas y gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«Entre los países, incluyendo parte de los más cercanos ideológicamente, genera recelo por la práctica fraudulenta y por el impacto migratorio, caso Brasil y Colombia», aseguró el politólogo.
Marcel Valentine manifestó que la práctica de delación, al igual que muchas otras, forma parte del mismo abanico de estrategias que desde el 98 adelanta el régimen con el único fin de mantener el poder a toda costa. Y para este tipo de pensamiento, advierte Valentine, «el fin justicia los medios».
Vigilia en Los Palos Grandes por los presos políticos en Venezuela | Foto EFE
«Entonces, nos dirigimos hacia el objetivo de cualquier gobierno totalitario, no hacia un accidente en la historia sino hacia algo que realmente se quiere lograr, que es un Estado en el cual se despliegue cualquier tecnología o estrategia de poder para someter a la mayor parte de la población y que no tenga ningún impedimento para hacerlo, ni institucional ni social ni resistencia por parte de la población. Esto es una especie de nirvana de la tiranía», opinó el sociólogo.
Aunque no todo está tan mal, reflexionó Valentine.
«En lo que hay que caer en cuenta es que ellos actúan así y lo hacen de esa manera porque siempre, y en toda sociedad dominada, existirán personas que, por muy fuerte que sea la opresión, siempre van a vender muy cara su libertad y eso yo diría que es lo que está pasando en Venezuela, aunque muchas de esas luchas ni siquiera las veamos. Y finalmente esperamos que de estas personas que venden cara su libertad quedemos muchas en Venezuela», dijo.
Uno de los episodios más oscuros en América Latina
El coordinador de Provea expresó que corresponde exigir la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente y que se detenga la ola represiva.
Además de pedir a las autoridades que publiquen información desagregada y oportuna sobre los sitios de reclusión, los delitos imputados, las condiciones de salud, el género y las edades de los detenidos para que los familiares, abogados y la sociedad civil tengan conocimiento pleno de lo que ocurre.
«Una cifra dura como la que ha dado el gobierno, de más de 2.000 detenidos, sin datos desagregados, sigue siendo una cifra opaca que pone en riesgo a los detenidos y genera angustia en sus familiares y allegados. En Provea estamos claros de que vamos a seguir manteniendo nuestra voz en alto en promoción y defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos», manifestó.
Caso Venezuela comparado con la dictadura chilena
Oscar Murillo dijo que cree en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales constituyen uno de los episodios más oscuros en América Latina en materia de derechos humanos.
Lo que ha ocurrido en Venezuela, resaltó, con tan alto número detenciones arbitrarias en corto tiempo, el número de personas tras las rejas y los fallecimientos en este contexto solo se compara con lo que ocurrió en Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en el año 1973.
El país, lamentó, está ante la imposición masiva de la represión institucional.
«En Latinoamérica, sabemos que hay una larga y terrible historia de gobiernos autoritarios, preocupa mucho que en pleno siglo XXI y con una región que ha aprendido de los errores y se empeñe en fortalecer la democracia, ocurran cosas como las que están ocurriendo en Venezuela», expuso.
«Reiteramos la importancia del acompañamiento y la solidaridad de los pueblos del mundo para pedir en este momento, en carácter prioritario, detener esta brutal y feroz represión, que ha sido alentada por las altas autoridades del gobierno y que se puedan dar los pasos necesarios para superar esta crisis institucional que solo es posible con la transparencia electoral», agregó.
El coordinador de Provea finalmente reiteró que sin transparencia electoral y con mayor represión, lo que tendrá el país es la profundización de la erosión de los derechos humanos, como ya ha ocurrido.
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