La crisis política venezolana parece estar en un impasse con la oposición adormecida y el régimen solidificando sus bases. Mientras la pandemia lastra toda vida social, Nicolás Maduro ha redoblado su oferta de una salida electoral que Juan Guaidó y los suyos consideran tramposa.
La última gran propuesta la hizo Maduro esta semana, cuando Venezuela celebraba el 199 aniversario de la Batalla de Carabobo, una de las fechas claves en la miríada de celebraciones casi diarias en las que conmemoran a Simón Bolívar y la Guerra de Independencia.
Maduro retó a un revocatorio
«En el año 2022, el 10 de enero, se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro. Tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo», retó el propio Maduro a la oposición.
Y subrayó su desafío: «Si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referéndum revocatorio, iremos a un referéndum revocatorio, a medirnos en las urnas».
El escenario elegido para lanzar su propuesta tampoco fue casual, el Panteón Nacional, icono de Caracas y emblema del nacimiento de Venezuela junto a la tumba de Bolívar.
Vestido de riguroso blanco, acompañado por militares con uniformes de gala y de la época de la Guerra de Independencia, Maduro advirtió que será el pueblo quien decida, no Estados Unidos.
«Quien pone y quien quita es el soberano pueblo con su voto, no el presidente estadounidense, Donald Trump, o el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden», indicó.
Una opción fallida en 2016
La propuesta de Maduro no es, como interpretaron algunos, una puerta abierta a su salida. Fue apenas un recordatorio del artículo 72 de la Constitución que regula que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.
Para ello, es necesario que transcurra la mitad del mandato por el que fue electo y que, al menos, el veinte por ciento de los electores inscritos soliciten la convocatoria de un referéndum revocatorio.
La oposición ya optó por esta apuesta en 2016, es decir, cuando pasó la mitad de primer mandato de Maduro empujada por los buenos resultados cosechados en las elecciones parlamentarias de 2015, cuando obtuvo 112 de los 167 diputados a la Asamblea Nacional.
En aquella ocasión, la oposición presentó 1,95 millones de firmas, de las que, según las autoridades, más de 605.000 presentaban distintos tipos de irregularidades.
Por eso, el Consejo Nacional Electoral, a instancias de los tribunales, suspendió el revocatorio.
EL CNE, en el centro de la polémica
La entonces presidenta del CNE, Tibisay Lucena, terminó en el epicentro de la polémica y sus decisiones puestas en entredicho por su escasa parcialidad como presidenta del árbitro electoral.
Esa fue una de las razones por las que buena parte de la comunidad internacional rechazó las elecciones de 2018 en que Maduro fue reelegido como presidente y centra el segundo eje de la apuesta electoral que ha lanzado el mandatario.
El Tribunal Supremo de Justicia nombró un nuevo CNE al considerar que la AN, responsable de elegir al consejo y de clara mayoría opositora, había hecho una omisión de funciones.
Al frente del CNE está desde mediados de este mes otra mujer, Indira Alfonzo, también considerada cercana al chavismo y sancionada por Canadá por su rol en las elecciones de 2018, cuando estaba precisamente en el TSJ.
La renovación del consejo era fundamental para la celebración de las elecciones parlamentarias previstas para este año aunque todavía sin fecha.
De hecho, este mismo viernes se declaró en sesión permanente para organizar los comicios legislativos e invitó a las organizaciones con fines políticos nacionales a que presenten propuestas sobre las elecciones a la Asamblea Nacional previstas para este año.
La oposición rechaza las elecciones pero no propone alternativas
Al otro lado, la oposición mayoritariamente reunida alrededor de Guaidó no se ha pronunciado acerca de la propuesta de revocatorio, pero sí de las elecciones legislativas con el nuevo CNE: para ellos son una farsa.
Por ello, afirmaron que no reconocerán el resultado de las elecciones, algo que previsiblemente hará también parte de la comunidad internacional que ha criticado el nuevo CNE.
Además, dos de los principales partidos opositores, Acción Democrática y Primero Justicia, recibieron una estocada judicial semanas atrás, cuando el TSJ designó nuevas directivas para estas formaciones, ahora lideradas por unos disidentes más cercanos al chavismo.
La medida podría extenderse a un tercer partido, Un Nuevo Tiempo, mientras que Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, puede ser ilegalizada puesto que la Fiscalía la catalogó como organización criminal.
Con todo ese contexto, el canciller del régimen Jorge Arreaza dijo esta semana en una visita a Moscú que espera que toda la oposición se inscriba para las elecciones parlamentarias previstas para este año a fin de darles una lección democrática.
Y mientras, la oposición, aletargada desde hace meses, rechaza las elecciones pero no propone una alternativa, elude las preguntas al respecto y va perdiendo la capacidad de respuesta social.