Cuando a mediados de esta semana se cumplió un mes de la cuestionada victoria presidencial de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, a la crisis se le sumó un reajuste en el gabinete de Gobierno que le da un mayor protagonismo al implacable número dos del chavismo, Diosdado Cabello, un nuevo apagón que dejó sin energía a miles de personas y las amenazas de la Fiscalía de detener al opositor Edmundo González.
Todo esto parece elevar aún más la incertidumbre de la situación política y social en el país vecino, donde las recientes movidas del chavismo hacen recordar las mismas prácticas políticas que ha introducido Daniel Ortega, en Nicaragua, o el régimen de los Castro, en Cuba. De hecho, ONG creen que la llegada de Cabello al Ministerio del Interior podría agravar la represión en el país.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, de hecho, dio un oscuro panorama este miércoles ante el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras denunciar abusos de derechos humanos, represión, impunidad total y terrorismo de Estado en Venezuela durante este periodo poselectoral.
Maduro y sus aliados en el gobierno se muestran férreos en no entregar el poder después del 10 de enero de 2025, cuando corresponde una transición por mandato constitucional. También han desoído a la oposición y a la ciudadanía que esta semana protestaron luego de que María Corina Machado citó a una tercera movilización ciudadana para pedir que se reconozca la victoria de González, la cual –dicen– está avalada por las actas electorales que recabaron durante la jornada electoral, pero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se niegan a revelar.
Mientras tanto, el chavismo se aferra a hacerle creer al mundo que ganaron las presidenciales pese a la ola de presión de Estados Unidos, la Unión Europea y 11 países de América Latina que piden una transición democrática.
Ola de represión
En un mes, Maduro ha encarcelado a 2.500 personas, algo casi inédito en pleno siglo XXI, acusándolas de terrorismo. Este número incluye más de 100 niños que ahora se encuentran compartiendo celdas con presos comunes.
A propósito, a principios de semana, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, asumió el Ministerio del Interior de Justicia y Paz. Es decir, prácticamente el control de toda la población en cuanto a temas de seguridad, policía y migración. Para defensores de derechos humanos, la llegada de Cabello, si bien representa ya al chavismo, puede ser un mensaje de que Maduro busca una mayor radicalización.
Sin embargo, una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato dijo que por ahora nadie está hablando o mediando con Maduro. “Ni Petro ni Lula, y eso es muy grave, pero no porque los países no quieran, sino porque él (Maduro) está aislado y por eso hay que seguir intentando tenderle puentes para que no sea un dictador a partir del 10 de enero”, explicó esta persona. Además, solo en la última semana han sido encarcelados al menos cuatro dirigentes de la oposición: Perkins Rocha, abogado de Machado; Biaggio Pillieri, coordinador del partido Convergencia y aliado de Machado; Jesús Pillieri, dirigente juvenil e hijo de Biaggio, y Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación de la organización Súmate, encargada de temas electorales.
Entonces, si bien con la victoria de Petro, Lula y Gabriel Boric -presidente de Chile- se creía que la izquierda en América Latina se fortalecería y configuraría como un proyecto político, hoy parece que no.
Para el analista venezolano Mariano de Alba, antes de las presidenciales ya se venía dando esta realineación en la izquierda latinoamericana, pues Colombia y Brasil han sido críticos con el autoritarismo nicaragüense.
“Y ahora no les gusta nada de lo que ven que hace el gobierno de Maduro, pero estiman que todavía podría haber un espacio para promover una negociación en Venezuela. Así que mantener ese canal de comunicación con Maduro es lo que está marcando la agenda”, considera De Alba, a diferencia de otras fuentes consultadas por este diario.
En medio de esas consultas realizadas, El Tiempo planteó algunos interrogantes a una fuente en Bogotá con conocimiento de las negociaciones sobre cómo iban los diálogos entre Petro y Maduro y la situación en general. La fuente solo respondió: “Se está complicando”.
Sin embargo, Mariano de Alba cree que los vecinos se aferran a la esperanza de la negociación. “Si llegamos al 10 de enero, es probable que Brasil y Colombia en la práctica no reconozcan el nuevo periodo de Maduro y busquen mantener una relación diplomática limitada”.
De acuerdo con Nastassja Rojas Silva, profesora de la Universidad Javeriana, no hay que tener dudas del perfilamiento dictatorial de Caracas calcado al de Managua. “Eso ya pasó. Sucedió entre el 28 y 29 de julio al anunciar a Maduro como ganador sin evidencia”.
Y la analista añade que “el nombramiento del nuevo gabinete de Maduro es un claro mensaje de que el chavismo no está negociando y se va a seguir endureciendo”.
Con todo este panorama, Machado advirtió la pretensión del régimen de encarcelar a González con el pretexto de que el opositor no se presentó en las citaciones hechas por la Fiscalía, en las que se le acusa de usurpación de funciones y forjamiento de documentos.
Sin embargo, Machado confía en que el régimen se verá “obligado a ceder”. Así lo dijo frente a cientos de personas que la acompañaron el 28 de agosto en la calle para seguir reclamando la victoria. La opositora, además, está convencida de que la negociación no ha empezado, pero “sí la transición (…), y el 10 de enero de 2025 Edmundo González se juramentará como el nuevo presidente de Venezuela”.
En cuanto a los apagones, el Gobierno denunció un presunto sabotaje, cuyo ataque se dio en la central hidroeléctrica de Guri, según Maduro. Sin embargo, el mandatario venezolano se rehusó a entrar en detalles.
Los apagones son frecuentes en Venezuela desde hace una década, y los expertos los vinculan a falta de inversión, impericia y corrupción.