El régimen de Nicolás Maduro podría estar centrando su mirada en las viviendas de millones de venezolanos que viven en el exterior, dijeron expertos al diario El Nuevo Herald.
Maduro ordenó este mes la realización de un régimen para determinar cuántas viviendas se encuentran vacías. Esto rápidamente alimentó temores de que el régimen podría confiscar los inmuebles, para luego traspasarlas a adeptos del oficialismo.
Expertos y activistas venezolanos aseguraron que en todo el país hay muchas propiedades invadidas ilegalmente por los colectivos del régimen. Por lo que el censo podría brindar a estos grupos detalles sobre los inmuebles que se encuentran vacíos.
Leonardo Palacios, abogado y experto constitucionalista, afirmó que desde hace tiempo el oficialismo está buscando la forma de apropiarse de las propiedades de los venezolanos que migraron.
«Debido a la emigración masiva hay muchos apartamentos, muchas viviendas, que quedaron desocupadas. Pertenecen a gente que se fue y que no pudo o no quiso vender por razones económicas”, agregó Palacios.
Explicó que el éxodo poblacional desplomó los precios de las propiedades en Venezuela. Debido a esto, muchos propietarios decidieron irse sin vender, con la esperanza de eventualmente regresar o vender en un futuro bajo mejores condiciones.
El peligro del censo
Maduro no brindó grandes detalles al anunciar el censo. Sin embargo, algunos dedujeron la amenaza luego que explicaran que el procedimiento consistiría en dos fases. Primero, la recolección de información inmobiliaria, y segundo, ver si las unidades están ocupadas.
Emilio Negrín, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, la semana pasada defendió el apartamento de un familiar que estaba por ser invadido.
«Este es un plan que ellos tienen estructurado para apropiarse indebidamente de todas estas propiedades», dijo Negrín.
El apartamento perteneciente a los familiares de Negrín, era 1 de un total de 12 que se encontraban en un edificio en la Avenida Victoria de Caracas. Estas viviendas se marcaron para ser ocupadas debido a que sus dueños se encontraban en el exterior.
Los vecinos del edificio salieron a enfrentar a quienes dijeron ser funcionarios de la Junta Liquidadora de la Alcaldía Libertador, ente gubernamental de Caracas.
El intento de invasión pudo ser detenido gracias a que los vecinos impidieron el paso y lograron ejercer presión a través de los medios de comunicación.
«Ellos ubican la casa, luego hacen un censo habitacional, y seleccionan a las personas que van a ir a ocupar estas propiedades. Una vez que ellos aprueban esto pasan a adjudicar las propiedades a esas personas», añadió Negrín.
Explicó que este procedimiento carece de legalidad, pues la única persona con autoridad para hacer una adjudicación es el Ministerio de Viviendas. Esto siempre y cuando el inmueble sea propiedad del Estado.
Radiografía de una invasión
Carlos Julio Rojas, activista venezolano, manifestó que no siempre los intentos de ocupación son protagonizados por funcionarios, sino por integrantes de grupos paramilitares armados.
Explicó que estos grupos, primero ocupan los espacios del estacionamiento de las estructuras, para luego pasar a asumir el control de los edificios.
«Lo están realizando los colectivos armados, los milicianos, y los miembros de las comunas, con apoyo incluso de la Policía Nacional. Ya están marcando apartamentos que están desocupados», afirmó Rojas, coordinador de la organización Frente en Defensa del Norte de Caracas.
Señaló que aún cuando las viviendas estén ocupadas por familiares o amigos de los dueños, los oficiales proceden a desalojarlos de la unidad.
«Nosotros hablamos con los familiares de los 12 apartamentos (que habían sido marcados para ser invadidos) y les recomendamos que metieran gente allí para que no se los dejaran quitar», indicó.
Advirtió que soplones de la comunidad que estén vinculados al chavismo, son quienes han sido reclutados para brindar información a los colectivos y a los grupos comunales.