María Corina Machado, candidata presidencial de las fuerzas democráticas de oposición, aseguró este miércoles que las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público contra miembros de su equipo son medidas desesperadas del gobierno de Nicolás Maduro ante el poco apoyo ciudadano.
«Lo que ocurre es un régimen desesperado que se sabe derrotado. Y si creen que con esto van a crear miedo, descalabro, desmoralización o desmovilización, es todo lo contrario», manifestó Machado en rueda de prensa.
Reiteró que los factores de oposición que le apoyan seguirán en una ruta democrática, enfocada en la lucha por elecciones libres en 2024.
«Pues están quedando en evidencia. Lo voy a repetir. Nuestra ruta es una ruta de organización ciudadana. Es una ruta que nos lleva a la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas. Todos los miembros de esta organización estamos abocados a ello, como ustedes lo saben», agregó.
Machado se solidarizó con los miembros de su equipo amenazados por el gobierno de Maduro y les aseguró que cuentan con el apoyo de la sociedad venezolana.
Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció este miércoles la solicitud de órdenes de detención contra tres dirigentes del equipo de Machado: Henry Alviarez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela; el politólogo Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de Machado y de Asuntos internacionales de Vente Venezuela, y Claudia Mancero, coordinadora de comunicaciones de la candidata.
También se solicitó orden de captura contra el presidente de Súmate, Roberto Abdul, quien ya venía siendo investigado por su participación en la organización de las primarias del 22 de octubre.
Saab anunció asimismo solicitud de órdenes de aprehensión contra un grupo de dirigentes opositores y chavistas disidentes que se encuentran en el exilio: Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Lester Toledo, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Rafael Ramírez.
A todos ellos se les imputarán los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, por participar en una supuesta conspiración nacional e internacional destinada a boicotear el referendo consultivo por el Esequibo, que se llevó a cabo el domingo 3 de diciembre.