El régimen de Nicolás Maduro sigue ejecutando la macabra práctica de secuestrar a personas y para evitar que se activen denuncias sobre sus desapariciones y detenciones arbitrarias, les coaccionan a hacer breves llamadas a sus familiares y/o amistades para decirles que están bien y que no pueden dar detalles de dónde supuestamente se encontrarían resguardándose. Esto fue parte de lo que ocurrió este fin de semana con algunos casos de la familia de Rocío San Miguel, abogado especialista en temas de defensa y seguridad, reconocida Defensora de Derechos Humanos y directora de la ONG Control Ciudadano y su observatorio de la Defensa y la Seguridad de Venezuela (@ovedese en X, antigua red social Twitter)
Tras la detención de la joven periodista Miranda Díaz San Miguel, hija de Rocío San Miguel y Víctor Díaz Paruta, hubo llamadas puntuales que buscaban hacer creer que ella estaba «bien».
De acuerdo con fuentes consultadas por esta reportera, la joven habría tenido algunas comunicaciones puntuales, lo cual habría retrasado la denuncia pública de su desaparición y la de otros de sus familiares.
La última llamada habría sido el domingo, en medio de versiones que corrían por todas partes sobre negociaciones y «mediación internacional» para la liberación de su madre; sin embargo, las alarmas estaban encendidas, pues ella no habría proporcionado detalles de dónde estaba.
«La última vez que me comuniqué con Miranda fue ayer, pero no te puedo decir que fue a mi a la última persona a la que llamó», confesó una fuente cercana al caso de la familia San Miguel en la mañana de ayer, lunes.
La fuente señaló que el contacto fue corto y que la joven periodista «no dijo que si estaba detenida… ni dónde estaba tampoco».
La sospecha de la fuente, de quien preservamos su identidad por su seguridad, terminó confirmándose en horas de la tarde: Miranda sí estaba detenida.
Una vieja táctica
Esa práctica de poner a las personas detenidas de manera irregular a llamar a familiares y amigos para hacerles creer que están bien y que no se activen protocolos de búsqueda de estos, ya ha sido usada en diversas ocasiones por el régimen madurista.
En febrero de 2021, cuando al teniente Franklin Caldera lo secuestró en Colombia el ELN por encargo del régimen y lo entregaron a la dictadura en la frontera, la Dgcim se encargó de mantenerlo secuestrado por varios días, en ese tiempo lo coaccionaban para que se comunicara por mensajes con su familia y hasta llamara a su novia. Todo era supervisado.
«Nosotros siempre pensamos que él estaba bien, que quien nos escribía era él, y como se comunicaba con nosotros de manera seguida, jamás pensamos que algo estaba pasando», señalaron sus familiares en 2021 a esta reportera. Así lo tuvieron hasta que este, un militar con una gran preparación en operativos comando, logró escapar de sus captores y trató de esconderse. Solo en ese punto es que logró contactar a unas pocas personas y dijo que estaba en Venezuela huyendo del régimen que lo había secuestrado y sacado de Colombia.
Aunque los organismos represores del régimen mantenían en silencio la detención de Caldera, su escape activó a todos los hombres de varios de los organismos policiales para «peinar» Caracas hasta que a le consiguieran «vivo o muerto».
Fue tal el desespero del régimen por atraparlo que hubo la orden para los funcionarios de varios organismos policiales de salir como estuviesen en ese mismo momento y unirse equipos comandos de búsqueda.
Algunos funcionarios salieron en chancletas y bermudas a la calle y con sus armas visibles pusieron alcabalas en la autopista del este en Caracas para revisar los autos. La gente se alarmó pensando que se trataba de colectivos tomando la ciudad para asaltar a la gente.
A Caldera finalmente lo consiguieron, le dispararon en una pierna para impedir que pudiera nuevamente escapar, y volvieron a secuestrarlo y aplicaron desaparición por semanas.
Solo en ese momento fue que la familia supo que el joven militar había sido secuestrado en Colombia y llevado a Venezuela de manera irregular a través de la frontera de Norte de Santander, por la vieja ruta de tráfico dominada por el ELN en la población colombiana de Herrán.
Estuvo días en la frontera (territorio venezolano) y luego trasladado vía aérea a Caracas, luego fue metido en una casa de detención ilegal también por varios días. Durante todo ese tiempo que estuvo en la frontera y luego en Caracas, desde su teléfono sostuvieron comunicaciones con su familia, que no sospechaba absolutamente nada de lo que estaba pasando y creía que el joven militar estaba bien y en Colombia.
Después de que a la prensa nos había llegado info sobre su detención y de que hubo visibilización del caso y presión mediática para que se supiese la verdad, fue que a sus padres, sin que mediara aviso, les permitieron conversar con él.
Los funcionarios del régimen pusieron al joven militar a llamar, pero con un objetivo distinto al de concederle el derecho a comunicarse con sus familiares. Realmente, los efectivos de la DGCIM le “conminaron” a darle un mensaje a sus padres: no sigan denunciando mi desaparición ni hablando con la prensa. Para que yo esté bien acá, dejen de tener contacto con la prensa, por favor.
Eso fue parte del mensaje que Caldera tuvo que transmitir a unos padres angustiados, que desconocían sobre su estado de salud tras el disparo que le había propinado el régimen semanas antes al detenerlo arbitrariamente por segunda vez.
Aunque al principio los funcionarios mantuvieron silencio y todo parecía que era una llamada normal, después de un rato los funcionarios decidieron intervenir y también hablar, dieron «recomendaciones» y culminaron la llamada, cedieron a algunas modestas peticiones y colgaron la llamada.
El engaño como táctica para ganar tiempo
Esa táctica de obligar a sus víctimas a llamar a personas de sus familias o amistades para engañarles y que no se activen mecanismos de denuncia por desaparición forzada, ya ha ido siendo perfeccionada por el régimen.
En el caso de la joven periodista Miranda Díaz San Miguel, mientras ocurrían llamadas de ella el fin de semana y no se podía precisar si estaba siendo víctima de una detención irregular y/o de desaparición, el régimen ganaba tiempo para ir en busca de más personas y para poder articular cómo presentar una historia que pareciera creíble sobre los falsos planes de los que están acusando a Rocío San Miguel.
Ese tiempo también le servía al régimen para medir qué tan dispuesta estaba la comunidad internacional a negociar por la libertad de su nueva ficha de canje, y, en la misma operación, precisar cuáles otras fichas que podían ir a buscar para ejercer mayor presión y les aprueben rápido sus peticiones.
El régimen necesita ir sobre seguro para negociar el retiro de sanciones individuales, así como que la comunidad internacional acepte la inconstitucional inhabilitación que han inventado para tratar de sacar del camino electoral a María Corina Machado.
Y como en el chavismo ameritan ir con toda su artillería, están midiendo a quiénes del mundo de las ONG y de la prensa podrían a tomar como rehenes para doblegar a todos a cumplirles sus peticiones. Esta realidad, conocida por todos, mantiene a todo el sector de las ONG en alerta, pero también a los periodistas, porque nadie sabe cuándo el régimen tendrá tu nombre entre sus cálculos para usarte en la búsqueda de sus objetivos.