Los periodistas Luis López y Gabriel González, junto a los activistas de los partidos políticos Voluntad Popular y Vente Venezuela, Jeancarlos Rivas y Juan “Kiko” Iriarte respectivamente, fueron juzgados bajo cargos de terrorismo, instigación al odio y atentado contra una instalación militar.
La audiencia, que tuvo lugar de manera telemática en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, el pasado 5 de noviembre, duró aproximadamente 40 minutos, reseña El Pitazo.
Durante este tiempo, el juez Carlos Liendo del Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana contra el Terrorismo, aceptó los alegatos del Ministerio Público, que incluían testimonios y material audiovisual donde supuestamente se vinculaban a los acusados con un ataque a la sede del comando de Seguridad Ciudadana de la Guardia Nacional en Maiquetía, el cual catalogaron como “parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno”.
Los acusados han estado detenidos desde el 14 de junio de 2024, y sus familiares han denunciado la violación del debido proceso, incluyendo la falta de notificación adecuada sobre la audiencia, pues fue el 14 del mes en curso que recibieron la información del juicio y la decisión del tribunal.
Desde Las Mercedes del Llano, en Guárico, María Corina Machado denunció que el periodista Gabriel González, miembro de su equipo de prensa, ha sido encarcelado en el centro de torturas El Helicoide https://t.co/etPqVV3DiS pic.twitter.com/6eY0mtNEv5
— Monitoreamos (@monitoreamos) June 19, 2024
“Nos enteramos esta semana porque fue un acto básicamente clandestino aunque los familiares estábamos atentos (…) esperando la audiencia, la hicieron vía telemática y no lo notificaron”, informó Mary López, hermana del periodista Luis López.
Por su parte, los defensores públicos Santos Rojas y Valentina Lewis solicitaron medidas sustitutivas que permitieran a los acusados estar en libertad durante el desarrollo del juicio, pero ésta no fue aprobada.
Este caso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa, quienes ven en estas acciones una continuación de la política de represión contra la libertad de expresión en Venezuela.
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