Luis Emilio Rondón, miembro de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, se pronunció acerca de la inauguración oficial de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas.
“No corresponde otra cosa sino que apoyar esas investigaciones a los efectos de que se determine la competencia y la responsabilidad a las que haya lugar en cosas tan serias como la violación de los derechos humanos», sostuvo Rondón.
Destacó que el fiscal de la CP,I Karim Khan, se reunió con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lo que se traduce en la aceptación de Venezuela de la competencia de la investigación.
«Vemos que fue recibido por las más altas instancias del Ejecutivo, lo que indica un acatamiento formal por parte del Estado venezolano sobre la competencia y jurisdicción de este tribunal. Significa la aceptación por parte de Venezuela de la competencia y pertinencia de esa investigación. Esperemos que concluya y la Corte determine con precisión el alcance de la investigación que realiza dentro y fuera del país», explicó.
Rondón, dirigente del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT), hizo referencia al proceso electoral en el país y dijo que trabajan en pro que “se respete el acuerdo de Barbados”.
“La tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue habilitada, el lapso de impugnación de esas tarjetas ya feneció y lo correcto es que se respete”, añadió.
Oficina de la CPI
Khan dijo el lunes que el tribunal abrirá una oficina en Venezuela para «cooperar» en la investigación de violaciones de derechos humanos.
«Después de esta reunión estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo ilegalmente ni clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela», dijo Khan en el Parlamento venezolano.
Su visita ocurre luego que el primero de marzo la CPI rechó el recurso de apelación de Venezuela sobre la investigación que adelanta por crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones antigubernamentales en 2017 que dejaron unos 125 muertos.
El tribunal inició en 2018 un examen preliminar a Venezuela después de una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en Venezuela. El examen pasó a convertirse en investigación formal en noviembre de 2021, tras la primera visita oficial de Khan a Caracas.
La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara internamente los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, tarea que la justicia venezolana asegura estar haciendo.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.