Hace dos siglos, en 1821, después de las guerras de independencia, se constituyó la República de la Gran Colombia, de la que Venezuela, junto con Colombia, Ecuador y Panamá, formaban parte. La Gran Colombia incluía también un territorio poco conocido: la Guayana Esequiba, el cual limitaba al este con las Guayanas cuyos territorios estaban siendo disputados por las grandes potencias europeas como Reino Unido, Francia y Países Bajos.
Apenas se constituyó la nueva república, la diplomacia venezolana informó a los británicos de que la línea divisoria entre la Gran Colombia y la colonia británica vecina estaba demarcada por el río Esequibo, tal como se correspondía con los territorios españoles de lo que había sido la Capitanía General de Venezuela, antes de la independencia. La diplomacia británica aceptó esa definición fronteriza.
No obstante, aprovechando la debilidad militar venezolana después del desgaste por las guerras de independencia, colonos británicos traspasaron la frontera acordada y ocuparon tierras al oeste del Esequibo.
A pesar de las protestas de las autoridades grancolombianas, el Reino Unido prosiguió su política expansionista en la zona. La muerte de Simón Bolívar en 1830, la disolución de la Gran Colombia al año siguiente y las guerras internas que le siguieron, facilitaron el proceso de expansión.
En 1835, los británicos establecieron unilateralmente la llamada Línea Schomburgk como frontera oficial, al oeste del río Esequibo. En las décadas siguientes fueron desplazando esa misma línea más al oeste hasta anexarse, de hecho, 80 mil kilómetros cuadrados de la Guayana Británica, a costa del territorio venezolano.
Este fue un hecho tan escandaloso, que hasta Estados Unidos se vio afectado. Tanto así, que en 1895 el presidente Glover instó a Venezuela y a la Gran Bretaña, a dirimir el conflicto mediante un arbitraje internacional.
En efecto, eso ocurrió y concluyó con el conocido Laudo Arbitral de París de 1899, en el cual participaron dos jueces norteamericanos, dos ingleses y uno ruso, pero ningún venezolano.
Venezuela basó su caso en la abundante documentación de su titularidad heredada de la independencia de España. El Reino Unido solo se dedicó a presentar sus exigencias acompañadas de los mapas correspondientes.
Los jueces, como ha ocurrido históricamente en estos casos, fallaron a favor de Reino Unido y el resultado del Laudo fue que se le arrebató a Venezuela 160 mil kilómetros cuadrados de su legítimo territorio, los cuales conforman la Zona en Reclamación que aparece en nuestros mapas.
No fue sino hasta 1962, sesenta y tres años después, que Venezuela elevó sus protestas ante la ONU por el Laudo de París de 1899, y tras cuatro años, se llegó al conocido Acuerdo de Ginebra, aún vigente.
Este acuerdo mantiene el statu quo y los derechos de ocupación del Reino Unido, pero también reconoce los derechos de soberanía venezolanos, por lo que exhorta a las partes a encontrar una solución pacífica y concluyente.
Desde 1966, ya con Guyana como república independiente, las relaciones entre Caracas y Georgetown dejaron el conflicto en un punto latente, sin avances ni retrocesos, y así se mantuvo hasta la fecha, pues tampoco hubo mucho interés en el asunto durante el gobierno de Chávez, quien no quería afectar la condición de aliado que Guyana tenía en ese momento.
Así, en 2004 durante una visita a Georgetown, Chávez les sirvió el territorio Esequibo en bandeja de plata cuando dijo que «Venezuela no se opondrá a ningún proyecto de Guyana en beneficio de su pueblo»… «ni a que empresas extrajeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana … debemos abordar las relaciones con Guyana con un perfil distinto».
Estas declaraciones definieron la postura de Venezuela hasta que sus consecuencias le explotaron en la cara al gobierno.
Como resultado, la Zona en Reclamación, con su enorme potencial en recursos naturales renovables y no renovables, incluido el petróleo y el gas en sus costas y en el espacio marítimo objeto de reclamación, se fue convirtiendo en el principal proveedor de recursos para la economía guyanesa, pero no para la venezolana.
Ahora que el daño está hecho, el gobierno se queja y convoca a un referéndum consultivo sobre el tema, tan absurdo como inútil, pues la defensa del territorio es una obligación constitucional que nadie puede revocar.
Por cierto, la explotación de los hidrocarburos durante la última década en las costas de Guyana, reactivó las tensiones entre nuestros dos países, pues allí se encuentra el llamado Campo Liza, uno de los más prometedores del continente, que podría contener cerca de 1.400 millones de barriles de crudo de alta calidad.
En 2018, frente a las tensiones existentes, el secretario general de la ONU puso el asunto en las manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aunque con el desacuerdo de Venezuela.
Ahora se suma un nuevo conflicto, pues Trinidad y Tobago (T&T), cuya economía depende del procesamiento del gas, hace gestiones en connivencia con Guyana, para explotar los yacimientos venezolanos cercanos a sus costas en el triángulo Trinidad, Guyana, Venezuela Esequiba, los cuales contienen grandes reservas que nuestro país no aprovecha.
Así, a solicitud del gobierno de T&T, la OFAC emitió una licencia «autorizando a este país» para desarrollar el yacimiento de gas no asociado, Dragón, ubicado en aguas territoriales venezolanas en las cercanías de la frontera marítima de ambos países.
En ella se establecen restricciones similares a las mencionadas en la licencia otorgada a Chevron para la explotación de petróleo en la Faja del Orinoco.
En este caso, el alcance se limita al referido yacimiento gasífero, pero también se establece que la compra del gas a Venezuela no podrá ser pagada con dinero efectivo, pues su propósito es mejorar la seguridad energética del Caribe y de Europa, en el marco de las mismas sanciones que se vienen aplicando a Rusia, en conjunto con EE.UU., en el contexto de la guerra de Ucrania.
Con la licencia en mano se presentó en Miraflores el primer ministro de T&T, Keith Rowley, para cerrar el trato con el gobierno nacional proponiendo que sea la Shell quién opere el campo Dragón y no PDVSA, ofreciendo pagar el gas con alimentos y medicinas.
Actualmente la Shell opera y participa con el 50 % del yacimiento Hibiscus de T&T, el cual se encuentra a 17 km del yacimiento venezolano Dragón.
De aceptar el gobierno esa propuesta, ésta transnacional pasaría a controlar el sistema integrado por los tres países.
Como dijimos, el interés de T&T en el gas existente en los cuantiosos yacimientos de la península de Paria (Río Caribe, Mejillones, Patao y Dragón), se debe a que dicho país cuenta con una enorme infraestructura industrial de procesamiento de gas, del cual depende su economía.
Para la evaluación del impacto que tendría para Venezuela la aceptación de la oferta de T&T, debe tenerse en consideración la importancia estratégica que tiene el gas como combustible clave de la transición de la matriz energética global y nacional, ante la disminución progresiva del uso de los combustibles fósiles sólidos y líquidos como energéticos dominantes.
Esta situación podría comprometer por un tiempo largo, quizás 30 años o más, parte importante de las reservas de gas natural no asociado al petróleo, solo para la exportación, sin agregarle valor, al entregárselo a empresas extranjeras en condiciones vergonzosas y deplorables con pérdida de soberanía.
Pero además, se aprovecha de las actuales debilidades operativas del gobierno y atenta contra los intereses presentes y futuros de la nación.
La alianza entre Guyana y Trinidad esbozada en una reciente reunión de seguridad energética celebrada en Georgetown, apunta en esa dirección y cuenta con el apoyo manifiesto del Caricom.
Así que, parece tarde para la búsqueda de un acuerdo favorable para Venezuela, y lo más probable es que la pérdida del Esequibo se convierta en una triste realidad.