Los casos de torturas en Venezuela aumentaron 148% entre enero y diciembre de 2021, de acuerdo con el informe anual de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), presentado el miércoles.
Provea registró un total de 241 víctimas de torturas el año pasado, el segundo registró más alto de los últimos 33 años.
«Luego de un alentador descenso registrado en 2020, un nuevo incremento en el número de víctimas de torturas genera honda preocupación», destaca el informe anual.
La organización también manifestó inquietud por el incremento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas. 60,9% de las víctimas denunciaron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el organismo de seguridad más denunciado por estos casos, señalado como responsable en 155 torturas para alcanzar 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.
El informe reseñó que en 2021 la organización registró 441 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Los recintos donde hay más denuncias son la sede del Cicpc de El Hatillo y la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Boleíta, ambos ubicados en el estado Miranda, cercano a Caracas.
«Las diversas acciones adoptadas en el ámbito de la justicia para evadir la acción de la Corte Penal Internacional fueron infructuosas y confirmaron que el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma», indicó el documento.
Ejecuciones extrajudiciales
Sobre las ejecuciones extrajudiciales, la ONG documentó que los cuerpos policiales y militares produjeron la muerte de unas 1.414 personas, lo que representa una variación de 46,6% con respecto a 2020, cuando Provea registró 3.034 víctimas.
El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, precisó durante la presentación del informe que en 2021 registraron 711 situaciones de violación al derecho a la libertad personal y 19 detenciones en el contexto de protestas, lo que implica otra disminución importante en comparación a 2020.
A su juicio, el gobierno quiere simular buen comportamiento para tener elementos favorables con los que puedan reforzar una narrativa, pero insiste en que esto es insuficiente, a pesar de que está beneficiando a personas concretas.
«No es sustentable si no hay modificaciones estructurales en la política de administración de justicia, en la actuación de los cuerpos policiales», subrayó.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los indicadores de la pobreza multidimensional asociados a la seguridad alimentaria y nutricional se vieron afectados por los relacionados con educación y servicios públicos como agua y electricidad, indicó el informe.
La organización señaló que, para enero de 2022, el salario mínimo integral en Venezuela era el equivalente a 10 bolívares, es decir, 2,18 dólares de ingreso al mes, el más bajo de Latinoamérica.
«Las remesas familiares se han transformado en uno de los motores de la economía de Venezuela y ya representan al menos 10% del PIB, un dato que supera unas cinco veces el ingreso por venta de petróleo», reseñó el documento.
Provea advirtió que las brechas entre empleados públicos y privados se ampliaron. «58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%», documentó la organización.
En 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una. Uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre.
Los hogares en pobreza extrema redujeron el gasto en alimentos en 13,3%, y, de acuerdo con la Sociedad Venezolana de Pediatría, 20% de los niños menores de 6 seis meses sufren desnutrición.
La reducción de las capacidades del sistema sanitario público siguió intensificándose en 2021. El sistema mostró una caída operativa de servicios que alcanzó hasta 70% en 2019 y más de 80% entre 2020 y 2021.
Provea registró un total de 71.186 denuncias de personas que sufrieron vulneraciones del derecho en los centros de salud públicos de Venezuela, un incremento de 340% con respecto al año anterior.