Los 13 pemones detenidos en diciembre de 2019 por el asalto militar al Batallón 513 de Infantería de Selva esperan audiencia preliminar, pautada para el 19 de noviembre, mientras sufren por las violaciones a sus derechos procesales y limitaciones de alimentación.
La abogada y vocera de Foro Penal, Stefanía Migliorini, explicó que la audiencia preliminar del 9 de octubre fue suspendida por no tener acceso al expediente ni a la acusación, reseñó el diario bolivarense Correo del Caroní.
“No podemos hacer una audiencia preliminar a ciegas. Me parece una falta de respeto con los abogados y los imputados el no mostrar lo que hay en ese expediente”, dijo al rotativo.
Los 13 pemones además se encuentran en graves condiciones en el centro penitenciario Rodeo II, en Miranda. Allí han tenido síntomas de covid-19 y problemas estomacales. No cuentan con agua ni medidas de higiene.
“Hay un familiar que fue a visitarlos y tenían como 12 días que no les llegaba agua”, denunció Migliorini, quien advirtió que en el recinto hay ratas, cucarachas y de comida solo les dan arroz con granos.
“Están muy flacos, su estado anímico no es muy bueno. Ellos se sienten como si nunca pudieran salir de ahí, pese a que son inocentes”, lamentó.
Sobre esta situación se hizo eco en junio Amnistía Internacional, que exigió que a los 13 pemones se les garantice un debido proceso.
“Estarían siendo procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas”, dijo la organización.