“Se le acusa injustamente de cinco cargos, entre los cuales se encuentran terrorismo e instigación al odio”, denuncian los familiares de Antonio Romero, de 22 años de edad, que permanece detenido en Tocorón desde el 29 de julio tras participar en una protesta luego de las elecciones presidenciales, en reclamo por los resultados que dieron a Nicolás Maduro como ganador.
Desde el arresto, Romero ha sido víctima de violaciones de sus derechos humanos, incluidas torturas en el comando de Los Guayos, adonde lo llevaron inicialmente, para posteriormente trasladarlo, sin previo aviso, al centro penitenciario Tocorón.
“Todo lo que pasa es sorpresa, uno tiene que adivinar todo. Cuando lo llevaron a Tocorón nadie se dio cuenta porque lo llevaron en la madrugada”, dijo Inés Gómez, madre del joven, a El Nacional.
Durante su reclusión en Tocorón, la salud de Romero se agravó. Lo trasladaron de urgencia el 24 de noviembre a un centro hospitalario, donde fue inmediatamente atendido por bronquitis crónica.
“La única vez que me llamaron fue cuando lo llevaban para el hospital porque tenía tres días con fiebre y dificultad para respirar, y hasta que no vieron que estaba agonizando no lo movieron”, señaló la madre.
Desafíos económicos agravan la salud de los detenidos
Recientemente se sometió a rayos X de tórax debido a dolor en el pecho y dificultad para respirar, y aunque el diagnóstico es reservado los familiares temen por su vida y han manifestado que les resulta difícil comprar los medicamentos.
“Siempre me están pidiendo cosas; por ejemplo, ayer me pidieron unos medicamentos y con mucho dolor no los pude llevar completos porque no tenía para comprarlos. Yo estoy sola y el que trabajaba aquí era mi hijo”, contó la madre.
Se quejó de las continuas amenazas que recibe si difunde algo sobre el caso de su hijo.
“Dentro del penal siempre nos dicen que el que denuncie o publique algo sobre lo que pasa enfrentará consecuencias; el preso pagará por ello, será castigado y le quitarán las visitas”, expresó temerosa Inés Gómez.
Manifestó que la situación ha hecho que su hijo pierda la esperanza de verse libre algún día.
“Cuando lo vi estaba un poco agotado y me dijo que ya estaba vencido y que lo disculpara por cualquier cosa que llegara a pasar, pero que ya no puede más”, expresó.
Denunciar tiene consecuencias
Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, detalló, durante una entrevista efectuada por Amnistía Internacional, que difundir información sobre el caso ha tenido consecuencias.
“Una de las formas de retaliación hacia quienes hemos denunciado públicamente es incomunicar aún más a nuestros familiares; ese es mi caso actualmente”, manifestó la integrante del Comité de Presos Políticos (Clippve).
“No conforme con ello, nos obligan a colocarnos una capucha para ingresar a un área de visita donde ni siquiera tenemos contacto físico. Solo tenemos 15 minutos a la semana para hablar durante una visita grabada, custodiada, filmada y monitoreada”, agregó.
Gobierno de Venezuela niega existencia de presos políticos
El caso de Antonio Romero refleja la dura realidad que afrontan los jóvenes venezolanos que se encuentran en los centros de reclusión por motivos políticos, tras las protestas poselectorales del 28 de julio que dejaron 2.400 personas presas y 24 fallecidos.
A pesar de eso, el Ministerio Público y Maduro afirman que no hay presos políticos en el país.
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció el 15 de noviembre que revisaría medidas judiciales relacionadas con el contexto poselectoral, lo que llevó a la excarcelación de 1.896 personas, según informes oficiales. El 3 de marzo William Saab informó que fueron solicitadas 110 revisiones de medida que sumadas a las que han sido tramitadas e informadas en comunicados previos, alcanzan la cifra total de 2.006 excarcelados.
Sin embargo, la ONG Foro Penal señala que no ha podido verificar esa cifra y asegura que 1.060 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos, que sufren constantemente condiciones inhumanas en los centros de reclusión, donde afrontan deterioro de de salud y falta de atención médica.
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