Lisbeth Carolina Arteaga Fernández, concejal chavista del municipio Independencia de los Valles del Tuy, en el estado Miranda, enfrenta actualmente un proceso judicial. La señalan por su presunta participación en el asesinato de su pareja sentimental Wilmer Antonio Castro González, de 30 años de edad.
El hecho ocurrió el pasado 26 de mayo, en la parroquia Cartanal. Dos días después del crimen, las autoridades detuvieron a Arteaga, quien se encargaba de la distribución de las cajas de alimentos que distribuye el Comité Local de Abastecimiento y Producción.
Testigos habrían presenciado cuando presuntamente Ronny Enrique Ramán Mejías Ferrer, un funcionario de la policía municipal, le disparó desde una moto a Castro. Esto, según dijeron fuentes ligadas a la investigación al medio digital El Pitazo.
Luego de la detención del oficial, las autoridades consiguieron en su teléfono mensajes que comprometerían a Arteaga. El Tribunal Segundo de Control dictó su privativa de libertad por presuntamente haber encargado la muerte del ciudadano.
Por este caso también están detenidos un policía que prestó la moto desde la que le dispararon a Castro y una dirigente allegada a la concejal. Ambos están procesados por cooperadores inmediatos.
La fuente también dijo a El Pitazo que, en medio de las averiguaciones, se encontraron mensajes en el teléfono de Arteaga que la comprometerían con irregularidades en la distribución de las cajas del CLAP.
Artega está casada con un trabajador de la Alcaldía de Santa Teresa. Se separó hace más de un año para comenzar una relación con Castro. La víctima era su chofer y la ayudaba en la distribución de las cajas del CLAP.
Ambos tuvieron un hijo hace siete meses.
La concejal, supuestamente, es una dirigente de confianza de Elio Serrano, diputado chavista a la Asamblea Nacional. La mujer se perfilaba como candidata a alcaldesa en Santa Teresa del Tuy.
Arteaga ocupó la jefatura del Registro Civil en el municipio Independencia para el periodo 2013-2017. Carlos Rodríguez, alcalde en ese momento, le abrió dos expedientes por su presunta responsabilidad en casos de corrupción y la despidió del cargo.
La señalada también llegó a estar al frente de la Sala Situacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue una de las sospechosas por la pérdida de 18 computadores pertenecientes a Petróleos de Venezuela.