Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprendió la cacería contra Alex Saab, el poderoso empresario vinculado a la dictadura en Venezuela, dispuso a veteranos fiscales en la lucha contra el lavado de dinero y corrupción internacional para cumplir su cometido. Ahora que la extradición de este hombre identificado como testaferro de Nicolás Maduro desde Cabo Verde es inminente, la batalla de estos abogados para esclarecer el caso apenas comienza.
El gobierno de Cabo Verde autorizó el martes 14 de julio la extradición a Estados Unidos del empresario Saab, según el diario colombiano El Tiempo. Y añadió que si bien la defensa del aliado de Maduro puede apelar la decisión que tome Cabo Verde, Washington está optimista sobre el envío del barranquillero, procesado por los delitos de lavado y corrupción vinculados al régimen venezolano.
Cinco veteranos fiscales del Departamento de Justicia vinculados a la Sección de Fraude en la División Criminal, así como a la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, están coordinando el caso contra Saab desde hace dos años, cuando comenzaron las indagaciones, pero lo clave de sus trabajos es que vienen siguiendo el rastro del expolio venezolano en al menos cinco casos y una treintena de acusaciones, precisó Diario Las Américas sobre la base de registros judiciales.
«Si algo tienen en común en este momento los fiscales anticorrupción de Estados Unidos es que la cleptocracia de Venezuela se está convirtiendo en una referencia para sus currículos cuando se trata de llevar ante la justicia delitos de cuello blanco de alcance global», señaló.
Pesquisas del caso
Los documentos del caso del testaferro de Maduro, como se conoce a Saab, revelan que el veterano abogado litigante de la Sección de Fraude del DOJ John-Alex Romano, conocido por su experiencia en el combate contra la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), ha estado liderando las pesquisas del caso, así como de dos acusaciones clave contra la cleptocracia chavista dadas a conocer en junio de 2019, cuando fue acusado un exministro del gobierno venezolano y un exfuncionario de la compañía de electricidad estatal por millonarias estafas, reveló.
A Romano lo acompaña en las investigaciones contra Saab el fiscal federal adjunto Michael B. Nadler, del Distrito Sur de Florida, que desde 2017 ha formado parte de significativas investigaciones de la corrupción venezolana en Estados Unidos.
El fiscal Nadler, de la Sección de Delitos Económicos y Ambientales del Distrito Sur de Florida, jugó un papel de sabueso de la ley y el orden en las indagaciones de la Operación Money Flight, un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, desmantelado en julio de 2018.
La fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham es otra figura estelar de la justicia de Estados Unidos en el caso de Saab y su experiencia apunta a los planes para recuperar los activos robados.
Desde la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, a Sombuntham se le conoce por el manejo de pérdidas de bienes y dinero en casos de corrupción. En septiembre de 2019 ayudó a las pesquisas del caso de Philip Esformes, un hombre de 50 años de edad, de Miami Beach, sentenciado por un juez federal a 20 años de prisión en el mayor esquema de fraude de atención médica acusado por el Departamento de Justicia.
Sombuntham también se encargó de la confiscación de activos en el caso Money Flight cuando Matthias Krull, un poderoso banquero alemán, se declaró culpable en agosto de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en nombre de empresarios chavistas.
A la también fiscal del Distrito Sur de Florida Annika Marie Miranda, sus once años de experiencia impartiendo justicia en derecho penal le dieron paso en esta acusación contra Saab, sobre todo, por su manejo de delitos de cuello blanco y corrupción transnacional teniendo que manejar una torre de denuncias por estafas en Venezuela con paradero final en el torrente de las finanzas de Miami.
Firmante de la acusación
El fiscal Robert Zink, jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es sin duda un personaje importante en el escándalo Saab. Además de ser firmante de la acusación por la que se ordenaba su captura, Zink ha tenido la responsabilidad de designar a sus colegas para manejar esta investigación.
Zink fue uno de los dos fiscales que encabezó la sección de manera interina después de que Andrew Weissmann, el exjefe, se uniera a la investigación del abogado especial de Robert Mueller sobre la intromisión de los rusos en las elecciones de Estados Unidos.
Saab está sancionado por el Departamento del Tesoro por supuestamente utilizar una red de compañías fantasmas en el ámbito global, para ocultar enormes ganancias en un esquema de compra de alimentos sobrevalorados bajo el programa estatal de las Cajas Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Sumado a su acusación por los fiscales federales en Miami, de ser hallado culpable se arriesga a una pena de 20 años de cárcel, si es que antes no decide negociar con la justicia y dar información por libertad.
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