Un barco pesquero navegaba la noche del 29 de noviembre por el océano Atlántico, a unas 1.000 millas al oeste de las Islas Canarias. De pronto, sus tripulantes, 10 venezolanos y un colombiano, se desesperan al ver que un buque del Servicio de Vigilancia Aduanera se les acerca. Comienzan a arrojar bultos al mar en un intento por ocultar la evidencia. A los pocos minutos, los funcionarios españoles los interceptaron y descubrieron 3.300 kilos de cocaína dentro del pesquero. Todos sus navegantes fueron arrestados.
La embarcación tenía bandera venezolana y provenía de las costas sudamericanas con destino a España, de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior español. Su misión era encontrarse con otro pesquero y transferir la droga en alta mar, que transportaría el cargamento a costas europeas.
Sin embargo, lo que los traficantes desconocían es que los agentes españoles habían sido avisados por sus homólogos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de que una “organización criminal internacional” buscaba transportar cocaína a través del Atlántico con posible destino a suelo español. Era una operación conjunta entre Estados Unidos, Brasil, Portugal y España.
Apenas dos meses antes, el 9 de septiembre, una operación similar ocurrió también con un avión modelo Gulfstream IV procedente de Venezuela. En esa ocasión, agentes de la policía judicial de Guinea-Bissau, al oeste de África, confiscaron 2,63 toneladas (alrededor de 2.600 kilos) de cocaína que transportaba la aeronave. Esa ruta, a través del África Occidental, suele ser otra de las alternativas que usan los traficantes para enviar droga desde Suramérica hacia Europa.
Estas actividades se han vuelto cada vez más comunes en Venezuela, que ahora desempeña un rol determinante en estos nuevos escenarios de tráfico de droga a nivel mundial, según el más reciente informe del capítulo para Venezuela de la ONG Transparencia Internacional.
En el año 2024, el narcotráfico generó una estimación de 8.236 millones de dólares en el país, la cifra más alta desde que la organización iniciara sus investigaciones sobre economías ilícitas en Venezuela. Dos años antes, en 2022, las rentas ilegales (compuestas por el contrabando de minerales, combustible y droga, las extorsiones en los puertos nacionales, entre otras) representaron 9.402 millones o el equivalente a 15,60% del PIB venezolano. Ahora, sólo el narcotráfico generó casi toda esa totalidad.
«Para obtener una aproximación de las rentas generadas por el narcotráfico en territorio venezolano, primero se calculó el precio mayorista promedio del ‘clorhidrato de cocaína’ en las regiones en las que Venezuela sirve como proveedor (Centroamérica y el Caribe). Asimismo, para estimar el volumen de la droga que circuló por Venezuela, se usó como referencia el cálculo de la DEA, que estima que al menos 24% de la producción mundial de cocaína transita por Venezuela y las cifras de producción de cocaína de Colombia en 2023, que alcanzaron las 2.664 toneladas», precisa el informe.
Actores del narcotráfico
Las operaciones del narcotráfico en Venezuela se centran en tres principales regiones: los estados Zulia, Táchira y Apure, fronterizos con la región del Catatumbo en Colombia. No es casualidad que se concentre allí, puesto que el Catatumbo se ha convertido en uno de los principales enclaves de producción de cocaína en la región, de acuerdo con las Naciones Unidas.
Transparencia Venezuela denuncia que la droga pasa hacia Venezuela a través de las rutas fronterizas y es controlada por grupos armados irregulares, redes criminales y grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), los que se encargan de su almacenamiento y procesamiento.
Posteriormente, ésta se transporta por vías terrestres a otros estados costeros como Falcón, La Guaira, Carabobo y Sucre. Finalmente, se envía por vía marítima y aéreas hacia el Caribe, Centroamérica, Norteamérica y Europa.
Sin embargo, estas actividades se dificultarían si no fuera por el papel que juegan en ellas militares de alto rango y funcionarios públicos con cargos importantes dentro del gobierno nacional. Entre ellos, el informe destaca la presencia del Cartel de los Soles, presuntamente conformado por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que facilitarían la circulación de drogas. Los grupos guerrilleros, así como otras bandas criminales, también participan en la producción de cocaína en territorio venezolana.
Los altos niveles de corrupción han permitido el engranaje de todos estos actores, que «han ganado aliados dentro de instituciones formales para mantener el negocio en pie y repartir las ganancias», según Transparencia Venezuela.
El papel del gobierno de Nicolás Maduro
Un episodio particular que señala el informe de la ONG es el nombramiento de Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en agosto de 2024. Sobre su persona pesan cargos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por ser presuntamente miembro del Cartel de los Soles, de acuerdo con los fiscales norteamericanos.
“Bajo su mando queda la seguridad ciudadana, la coordinación y supervisión de la actuación de los cuerpos policiales, así como las políticas públicas sobre el tráfico, consumo ilícito de drogas y legitimación de capitales”, especifica el informe.
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