El gobierno de Maduro aseguró que el preso político opositor Jesús Martínez Medina, fallecido el jueves bajo custodia policial, recibió “la debida atención médica” durante los 34 días que estuvo hospitalizado debido a complicaciones de salud relacionadas con la diabetes que padecía.
El gobierno fijó posición en un comunicado difundido este viernes por la Fiscalía.
“Esta persona, a pesar de encontrarse preventivamente privada de libertad, estaba hospitalizada desde el día 11 de octubre, por padecer diabetes tipo 2. Vale destacar que durante todo ese tiempo contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba”, dice el texto.
Un día después de que la oposición mayoritaria responsabilizara al gobierno de Nicolás Maduro por esta muerte, la Fiscalía aseguró que “todas las instituciones” vinculadas con el sistema de justicia han “procurado la garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el goce de los demás derechos constitucionales, tales como el de la salud”.
Esto, prosigue el comunicado, no solo para Martínez Medina, “sino también para el resto de quienes aún se encuentran privados de libertad”, tanto por haber sido arrestado luego de las presidenciales del 28 de julio, sino para la población penitenciaria en general, pese a que varias ONG han alertado sobre numerosos problemas de salud de los reclusos, supuestamente desatendidos.
La líder opositora María Corina Machado, que señaló de fraudulento el resultado electoral -no reconocido por numerosos países-, dijo el jueves que la muerte de Martínez Medina, quien trabajó en el estado Anzoátegui a favor del antichavismo en las presidenciales, es «un crimen más de Maduro y su régimen».
«Pese a los ruegos de su madre, no querían trasladarlo al hospital. Durante meses le negaron cualquier atención médica, alegando que necesitaban permiso de sus superiores en Caracas. Murió en sus manos, murió por las condiciones inhumanas en las que estuvo secuestrado», expresó Machado en un comunicado.
Tras las presidenciales, se desató una crisis marcada por protestas y operativos policiales que se saldaron con 2.400 detenidos, según el Ejecutivo, si bien las ONG han identificado 1.848 casos, entre ellos el de Martínez Medina, así como el de 69 adolescentes y decenas de mujeres, casi todos acusados de terrorismo.